Desde el año pasado advertí en mi columna: “El aborto, la Corte y la salud”, la necesidad de que el Gobierno nacional reglamentara todo lo que concierne al aborto en el país. Cómo bien se sabe, la Corte Constitucional hace ya 12 años, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida, cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto o cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.
De acuerdo con la Corte, desde ese entonces, las mujeres que han querido realizarse un aborto legal y que se encuentran amparadas dentro de las tres causales establecidas jurisprudencialmente desde el año 2006, han tenido que enfrentar innumerables barreras que el Estado les ha impuesto para poder acceder a ese derecho constitucional, situación que según la Corte: “constituyen violencia de género, o violencia contra la mujer” y también pueden ser consideradas como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
De esa forma, en su momento, la Corte hizo un llamado al Estado colombiano para que sean más ágiles a la hora de garantizar esta clase de derechos, estableciendo reglas y parámetros al procedimiento de los abortos legales en Colombia, ya que se han suscitado casos en los que las mujeres han tenido que esperar hasta la semana 23 de embarazo para que las empresas Promotoras de Salud EPS realicen estos procedimientos y eso que, habiendo tenido que recurrir a una acción de tutela para obligarlas en su cumplimiento.
Hoy, el tema nuevamente causa controversia por un borrador de resolución elaborado desde el Ministerio de Salud con el que el Gobierno quiere reglamentar el vacío que existe; el problema radica en que el Ministerio no tiene la competencia para reglamentar lo dispuesto por la Corte, puesto que, solamente por ley estatutaria es posible regular los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, y el tema del aborto es uno de ellos porque involucra derechos fundamentales (el del niño que esta por nacer, el de la mujer, cuerpo medico).
Esta situación denota lo vulnerable que es nuestro sistema de salud cuando de garantizar derechos se trata; 13 años se ha tardado el Gobierno nacional en expedir una norma que regule los procedimientos que le darán alcance a los límites que estableció la Corte para un tema tan delicado, polémico, que está directamente ligado con la libertad y los derechos de las mujeres y, ¿lo quieren hacer mal?. Todo el tiempo que pase y en el que se mantenga ese vacío normativo seguirá constituyéndose en un elemento que alimenta la violencia, discriminación y la degradación en contra del genero femenino.
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