Otra vez, el descuido, la inoperancia y la negligencia del Estado afecta el desarrollo económico del país. Pasaron casi 7 años para que desde el gobierno nacional se regulara el uso de plataformas tecnológicas como Uber, porque gracias a esa pasividad y a la ausencia de normatividad sobre el tema, se permitió que un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara prohibir el uso de la aplicación a partir del primero de febrero de este año.
La decisión de la Superintendencia ha generado inseguridad jurídica en el sector respecto a este tipo de plataformas, puesto que quedaron en el limbo miles de usuarios y cerca de 88 mil conductores que según Uber, prestaban sus servicios de transporte privado. Lógicamente, todas estas personas basaban su sustento familiar en esta clase de actividades, por lo que ahora solo les queda engrosar los angustiantes índices de desempleo.
Lo que sucedió con la aplicación demuestra una total desconexión del Estado, no solamente de lo que es tendencia en el mundo, sino de las necesidades de la gente por tratar de encontrar ingresos lícitos para subsistir, ya que en los últimos años la economía colaborativa, en donde se enmarcan las aplicaciones y plataformas digitales, ha logrado introducir nuevas formas de producción, comercio y consumo. Especialmente, ha modificado la manera como se intercambian bienes y servicios, al tener como elemento esencial las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En este sentido, en el año 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que “desde hace algunos años existe una fuerte tendencia hacia un entorno laboral de trabajadores autónomos que por medio de nuevas tecnologías y plataformas digitales, obtienen ingresos. Según un estudio realizado en 2015 de FreelancersUnion y UpWork, en el cual se indica que en Estados Unidos hay casi 54 millones de trabajadores autónomos, lo que representa el 34% de la fuerza laboral estadounidense. Un 43% de ellos son milennials y la mayoría de los nuevos trabajadores autónomos se incorporan a partir de la economía colaborativa. La tendencia marca que llegarán a representar el 50% de la fuerza laboral en 2020, según un artículo de Forbes (Forbes, 2016)”.
Y si hablamos de los impuestos, Uber Colombia S.A.S. para el año 2018 contribuyó con cuarenta y cuatro mil millones de pesos ($44.000.000.000) por concepto de obligaciones tributarias para el Estado colombiano, según lo expuso el CEO de la compañía; una cifra para nada despreciable, teniendo en cuenta que desde el Gobierno con frecuencia anuncian que se tienen muchos gastos sin suficientes ingresos.
Finalmente, aunque las cifras demuestran los beneficios de estas aplicaciones tecnológicas, tuvieron que prohibir Uber para que en el Congreso, dos representantes a la Cámara, uno del partido Verde y el otro Centro Democrático, radicaran un proyecto de Ley por medio de la cual se regula el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales. Como siempre, todo lo dejamos para lo último, ¡qué negligencia!
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