Esta semana generó polémica la propuesta realizada por la ANIF - Asociación Nacional de Instituciones Financieras -, al plantear que se estructure una reforma laboral que reduzca los costos no salariales, como el pago de la caja de compensación familiar, los intereses de las cesantías y los gastos de contratación y de despido. Ante el absurdo de la idea, paralelamente se abrió el debate sobre un tema sensible y que desde hace tiempo merece una reforma de fondo; las pensiones.
El regímen pensional en el país ha sido el eterno dolor de cabeza de los gobiernos nacionales de turno, empezando por cómo está diseñado el sistema. Según el Consejo Nacional de Competitividad, menos del 25 % de la población llega a la edad de jubilación y casi el 50% de las mesadas que se otorgan se concentran en el 20 % más rico, es decir, en las pensiones privilegiadas o las que ostentan condiciones especiales.
Dicho de a otra manera, para poder pensionarse en Colombia, a las personas se les hace un promedio de su salario o su ahorro cumpliendo con un mínimo de semanas de cotización, haber alcanzado los 57 años para las mujeres y los 62 para los hombres, en los especiales no se exigen todos estos requisitos. Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública sus miembros alcanzan la pensión cumpliendo con unos tiempos mínimos de servicio, que van entre los 15 y los 20 años, independientemente de la edad; los grandes benéficos de los pensionados por el magisterio que conservaron los privilegios antes de 2005 incluyen pensión a los 50 años y una doble mesada, o para los altos funcionarios del Estado el régimen funcionaba de tal manera que les permitía jubilarse con el último salario que devengaron, sin el requisito de semanas cotizadas, o sin estimar un tiempo mínimo de servicio.
Entre el grupo de los que tienen pensiones especiales se encuentran los militares, policías, el presidente de la república, altos funcionarios del Estado, el magisterio y los empleados de Ecopetrol; tan solo ellos, representan el 70 % de los 39 billones de pesos que se destinaron en el año 2019 para cubrir el déficit pensional.
Lo anterior indica se tiene que hacer, más temprano que tarde, una reingeniería al sistema de las pensiones en el país, ya sea por iniciativa del gobierno o por la del propio congreso, por cuanto no se puede continuar con un modelo que es inequitativo y que falta al principio de solidaridad del Estado; en el entendido que, todos los que realizamos aportes a pensión, no lo hacemos para nuestra jubilación de forma exclusiva, sino que contribuimos alimentando toda la bolsa de pensionados, que en últimas, tiene como gran responsabilidad, cubrir con las más jugosas pensiones y que pertenecen a unos pocos.
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