Los pequeños, que sólo son receptores sexuales, no comprenden la situación, no dan consentimiento, pero quedan cautivos en la red del abusador que, generalmente, es un familiar o allegado que desarrolla estrategias de seducción, persuasión, autoridad o coerción para que mantenga el secreto.

En un menor abusado sexualmente, se producen daños físicos, emocionales y psicológicos irreparables.

Se traducen, entre otros, en lesiones graves en genitales, diversos problemas de salud, insomnio, bulimia, anorexia, obesidad, auto mutilación. Miedo, tristeza, ira, hostilidad, agresividad, estrés, pasividad, timidez, pesadillas, fantasías, baja auto estima, humillación, vergüenza, incertidumbre, culpa.

Desequilibrio mental, comportamiento compulsivo, retraimiento, depresión, suicidio, escasa destreza social, incapacidad de confiar. Demasiado pudor, descarada impudicia o irrespeto por la privacidad ajena e incapacidad de construir futuras y duraderas relaciones afectivas. Cuando es incesto, al suceder en el íntimo tejido social, induce a desorientación y confusión en los roles culturales establecidos.

Por eso, en persona sensata y sana de mente, el abuso sexual infantil provoca rechazo y repulsión. Sin embargo, con 14 votos negativos y 10 favorables, la Cámara de Representantes hundió el Proyecto de Ley que convocaba a referendo para cambiar la Constitución, permitiendo prisión perpetua para violadores, asesinos y maltratadores de menores.

El senador Armando Benedetti, con un simple “A mí no me gusta”, votó en contra afirmando que, como en casos extremos, el abusador tendría 60 años de cárcel, obtendría pena similar a prisión perpetua.

¿Y, si como se ha visto en infinidad de procesos, el juez no lo determina caso extremo, y aplica sólo 4-6 años de cárcel? Otros, pensaron que esa no es la herramienta para castigar a estos delincuentes. ¿Entonces qué, los dejamos sin castigo ejemplar, dándoles una segunda oportunidad como nunca la tienen los niños violados?

Claro, no faltó la opinión de la Iglesia que alberga un sinnúmero de violadores infantiles. Monseñor Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, no está de acuerdo con penas altas para abusadores.

Explicación: no deben ser tratados como cualquier criminal, sino que deben recluirse en hospitales psiquiátricos. Además, si fuere sólo  un “semiviolador” podría seguir libre haciéndose un proceso terapéutico. Me imagino, que también le gustaría que en el sanatorio lo visiten niños y, si quedase libre lo nombrasen como maestro en un jardín infantil.

Bien. Ante todas estas sandeces y despropósitos, la tarea ahora es recolectar un número de firmas correspondiente al 10 por ciento del censo electoral, para que directamente el pueblo convoque un referendo y decida, por votación, si quiere prisión perpetua para violadores, asesinos y maltratadores de menores. Lo afirma, Gilma Jiménez, congresista que presentó el proyecto que el Cámara mandó a la caneca de la basura.