El ‘mico’

Sobre el mico u orangután introducido en un parágrafo de la ley 418 o Ley de Orden Público, que prorroga la autorización del Congreso para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos continuara con los diálogos de paz en La Habana y que fue denunciado en la plenaria del Senado el pasado martes por la exfiscal Vivian Morales, quedan unas cuantas confidencias por revelar.

La Cámara de Representantes ya había votado la inmunidad disciplinaria para los negociadores nombrados por el Presidente de la República poniéndole de una vez por todas el tate-quieto al procurador Alejandro Ordóñez para que no procediera contra los miembros de la delegación de La Habana, bien fueran éstos Altos Comisionados, Ministros o Consejeros.

El Procurador, enemigo número uno de este proceso, funge como lobo bravo, con sus fauces muy abiertas para tragarse y sancionar disciplinariamente a todo miembro de gabinete que, sin autorización previa del gobierno intervenga en el proceso gobierno- Farc. Hasta ha anunciado investigaciones disciplinarias contra los congresistas, integrantes de la Comisión de paz.

Muy avanzada la noche de ese martes, antes de que se disolviera el quórum de la plenaria del Senado, Alfredo Rangel, del Centro Democrático, presentó un parágrafo para blindar aún más a los negociadores de paz, quienes ya gozaban de las excepciones penales para dialogar, agregándole el beneficio de que éstos, podrían solicitar el archivo o preclusión de sus procesos cuando se demostrara que los hechos ocurrieron en cualquiera de las etapas de la negociación. Rangel abogó, sin palidecer, siquiera, por el proceso que se le sigue a su copartidario el excomisionado, Luis Carlos Restrepo, prófugo de la justicia, sindicado de una falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana. Argumentó Rangel que esta excepción penal la consagra el artículo 5º de la ley 782 de 2002, que no se estaba aplicando para el caso del Excomisionado Restrepo y que por lo tanto no habría si no que incluirla de nuevo en la ley 418 que se discutía.

La senadora Vivian Morales, la Fiscal que ordenó investigar a Restrepo por la falsa desmovilización, catalogó como descomunal “mico” la proposición uribista porque según ella, ese parágrafo propuesto por Rangel era un salvavidas para el excomisionado, quien podría solicitar, automáticamente, el archivo de su expediente, alegando que los hechos sucedieron en medio de una negociación.

Ante este cuestionamiento, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, explicó que la ley que se estaba aprobando era inocua frente a ese caso, pues en nada cambiaría la situación jurídica de Restrepo: “la Fiscalía ahora tendrá que demostrar que el funcionario actuó dolosamente y que sabía que la desmovilización era falsa y un juez tendrá que evaluar ese argumento para condenarlo o dejarlo en libertad”, sostuvo el Fiscal General.

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