La vergonzosa renuncia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, a quien la Fiscalía General de la Nación le sigue una larga investigación, iniciada desde el 2009 por su vinculación al cartel de la contratación en la Bogotá Positiva de Samuel Moreno Rojas, nos tiene que servir de ejemplo a los tolimenses de que elegir a candidatos con procesos fiscales y penales sin resolverse es un gravísimo riesgo para la gobernabilidad de los departamentos y ciudades colombianas. Final semejante al de Cruz Vargas tuvieron el gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, quien resultó ser el peor matón de la historia de su departamento y años atrás, también por enredos de contratación, tuvo que dejar su cargo la gobernadora del Huila, Cielo González.
El caso del gobernador de Cundinamarca va a enredar aún más a la alta clase política, empezando por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre quien pesan acusaciones de que siendo Senador de la República gestionó contratos de ingeniería y favores políticos a través de concejales. Y nada de raro tiene que dentro de ese mismo expediente se termine vinculando al actual vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, pues todo el mundo sabe que ha sido el primer aliado político y protector del gobernador dimitente de Cundinamarca.
Cruz Vargas tendrá que ir ahora la cárcel, merced a las evidencias reunidas por la Fiscalía que le imputó cargos por cohecho y celebración indebida de contratos, dádivas y sobornos por cuantía de 23 mil millones de pesos.
Lo que uno no entiende, como humilde parroquiano, es por qué los organismos de control y la misma Fiscalía dilatan y dilatan los procesos de personajes políticos, permitiendo que se postulen como nuevos aspirantes a entidades territoriales, llámense éstas gobernaciones o alcaldías, tomen posesión de sus cargos y ejerzan el mandato.
Solamente al final de sus periodos de gobierno es que son enjuiciados y condenados. Esta vieja maña de que primero “roben y después los investigamos” es un flaco servicio que se le presta a la administración pública, pues con ello se le dejan manos libres a los gobernantes corruptos para que hagan de las suyas durante el tiempo que repiten gobernaciones y alcaldías. En el caso de Cundinamarca, en los últimos cuatro años fue de público conocimiento que durante el segundo mandato de Cruz Vargas éste se auto-adjudicó toda la contratación a través de amigos y familiares. Ahora con los bolsillos llenos de dinero y faltando apenas tres meses para entregar su cargo fue que se le ocurrió presentar renuncia ante el Presidente de la República con el cínico pretexto de “no afectar la gobernabilidad de mi departamento”.
Dios no lo quiera que en el Tolima se vaya a repetir la historia de Álvaro Cruz, quien en el 2011 por tener carácter de simple indiciado pudo llegar a ser gobernador y apoderarse de los cientos de contratos que había dejado “cocinados” y listos para robarse en su primera gobernación. Por eso antes de votar el próximo 25 de octubre tenemos que recordar el estribillo de aquella famosa canción de Juanes que dice: “Fíjate bien donde pisas”.
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