Política de gratuidad educativa superior

Nelson Germán Sánchez

Creo que existe consenso en todas las orillas del escenario público departamental que tener una política pública de gratuidad educativa superior es sin duda alguna el primer paso, para en un lustro o dos, de verdad contar con un panorama más alentador en materia de desarrollo económico y social de nuestra región. Inicialmente la apuesta fue fortalecer el propósito departamental que ya venía en marcha de contar con dicha gratuidad, pero que se hizo más que urgente por la pandemia del coronavirus que desnudó las difíciles realidades económicas de muchas familias para poder educar a sus hijos.  
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La Gobernación del Tolima, para implementar la gratuidad, hizo un análisis financiero que permitiera extenderla hasta el segundo semestre del año 2023, cuando culmina el mandato del gobernador Ricardo Orozco Valero. Decisión que se traduce en una inversión de por lo menos 30 mil millones de pesos anuales, incluida las transferencias que se hacen a la Universidad del Tolima de 8.500 millones de pesos al año. 

En su métrica está que 28 mil jóvenes se pueden beneficiar de tal gratuidad; claro, también con recursos del Gobierno central, y en una sola bolsa acoger a quienes estudian en el IFIT, Conservatorio del Tolima, la UT, y universidades privadas que con vigencias futuras son apoyadas en este proyecto de la Gobernación. Lo novedoso de la iniciativa es que espera convertirse en política pública regional a través de ordenanza departamental, asegurando que más allá de un mandato se mantenga y se asegure el pago de todos los semestres a los beneficiarios presentes y futuros. Se trata de que esa gratuidad sea para los estratos 1, 2 y 3. El estudiante beneficiado de la misma deberá comprometer su firma en un documento cobrable por su carrera, claro reembolsable, pero que asegure la terminación de los semestres. Quien no termine debe devolver el dinero.

Pero para lograr un mayor impacto en la formación académica y profesional de los jóvenes, se está pensando en que a través de un Fondo Educativo, los mejores ECAES del Tolima puedan continuar sus estudios a nivel de postgrados con tasas más cómodas y blandas que las del ICETEX, para que así logren realizar especializaciones y maestrías o doctorados.   

En la política pública departamental de gratuidad se establecerá que los estudiantes beneficiados con el pago de su carrera deben llevar a cabo -de manera obligatoria- un trabajo social en sus comunidades y en municipios según sus conocimientos, competencias y las habilidades desarrolladas. ¿Qué se pretende con ello? Que los bachilleres tengan un acompañamiento para mejorar sus conocimientos con miras a las pruebas ECAES o ICFES y puedan acceder con más facilidad a las universidades de la región. “Que estudiantes de últimos semestres de matemáticas, lenguaje, biología, química, física, inglés y otras, se dediquen a ayudar a preparar a los de secundaria para que los cupos de gratuidad sean para nuestros jóvenes y no para los de otras partes del país y que apoyen procesos, proyectos y labores administrativas en municipios”, comentó el Gobernador Orozco Valero.

Pero, además, el propósito de la política de gratuidad es estimular una masa crítica de más empresarios y emprendedores y menos jóvenes como simples empleados mal remunerados en el sector privado o público. Cambiar la lógica del empleo mismo. Que jóvenes educados, que lo pudieron hacer gracias al erario público y que no fue una carga financiera para padres o familia, se conviertan realmente en emprendedores. Que se asocien, que busquen oportunidades de negocios nacionales o internacionales; o que aporten en ciencia, tecnología o innovación, entre otros aspectos. Sin duda esta es una buena iniciativa que todos esperamos se concrete y sea una realidad por el bien de las nuevas generaciones y del Tolima mismo.

 

NELSON GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ –GERSAN-

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