Si el costo de la participación política de las Farc es enorme, en materia de justicia es peor.
Admitamos que conseguir que los asesinos dejen de matar supone renunciar a la aplicación integral de la justicia. Es la lógica de la llamada justicia transicional. Pero si antes esa renuncia parcial a la justicia podía hacerse casi sin límites, desde el 2002 está condicionada tanto al cumplimiento del tratado internacional que en ese año puso en vigencia la Corte Penal Internacional (CPI), como a que se compense con mucha verdad y mucha reparación para las víctimas.
Pues bien, los pactos entre Santos y las Farc no cumplen ninguno de esos criterios. El Gobierno dice que no habrá impunidad dizque porque habrá juzgamiento y sanción. Lo que calla es que la sanción es simbólica y no se ajusta a lo establecido en el citado tratado.
El Acuerdo dice que “en ningún caso habrá cárcel o prisión ni medida de aseguramiento equivalente”. Las sanciones solo son “trabajos, obras o actividades restaurativas” como participación en “programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, o construcción y reparación de infraestructura”. La Fiscal de la CPI dijo que eran indispensables “medidas que aseguren que los responsables de los sufrimientos [de las víctimas] sean genuinamente puestos a disposición de la justicia” y resaltó “la importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas – que por definición incluye sanciones efectivas – en la consolidación de una paz sostenible”. Las de Santos y las Farc no son sanciones ni acá ni en Cafarnaún.
Además, al menos por los primeros dos años, a los criminales les pagarán por “participar” en esas actividades.
Mientras que las hacen cada uno de ellos recibirá del Estado 10 millones de pesos y una suma mensual equivalente al 90% del salario mínimo. Y podrán ejercer cargos de elección popular. Esas no son “sanciones efectivas”. Son pura paja. Ya las quisiera cualquier preso en Colombia. O cualquier desempleado. Agréguese que si no cuentan toda la verdad no perderán sus beneficios y que en ningún lado se les obliga a reparar materialmente a las víctimas. Peor sería difícil.
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