La JEP nace de violar el principio fundamental de un estado democrático: respetar el resultado de las urnas. Con la bendición de una Constitucional que cambió su jurisprudencia en apenas semanas, se aceptó que el Congreso enmermelado aprobara el acuerdo que había sido rechazado en las urnas. El flagrante desconocimiento de la voluntad popular ahondó una fractura que nació en las elecciones del 2014 y que hoy sigue viva, profunda, intacta. Santos, el acuerdo con las Farc y su implementación a las patadas, dividieron la sociedad colombiana.
Aunque “nueva”, sufre de todos los males de la jurisdicción ordinaria. Millonario presupuesto, clientelismo, contratación a dedo, ausencia de transparencia en el gasto, pujas internas de poder… Por supuesto, actuaciones sistemáticas dirigidas a favorecer a las Farc: pago de sus penalistas defensores, permisos de “vacaciones” en el exterior, encubrimiento y engaño a la justicia, etc.
En conclusión, ilegítima de origen y de ejercicio. Y después, Santrich. La decisión de negar la extradición tiene consecuencias gravísimas: A. Prueba que la intención de la mayoría de magistrados era evitar su extradición. B. Pone un misil a la extradición misma, porque pretendía hacer una “evaluación de la conducta” en Colombia, es decir, un seudojuicio, cuando la lógica de ese mecanismo es la inversa: la evaluación de conducta y pruebas se hace en el país que solicita la extradición y no en el requerido. C. Extiende de hecho la jurisdicción de la JEP más allá del 01-12-16, y con ello fomenta el narcotráfico y la reincidencia, porque envía el mensaje perverso de que aún quienes narcotrafican después de la firma del acuerdo disfrutarán de un juez favorable y de las “penas” de mentirillas de la JEP. Y, claro, no serán extraditados. D. Como consecuencia, se desconocen los derechos de las víctimas a la no reincidencia y habrá más violencia.
La apelación de la Procuraduría y la recaptura de Santrich son apenas un consuelo. La batalla por la no extradición queda abierta. Las Farc temen que en Estados Unidos se quiebre y cante como una lora. Y de nuevas pruebas de lo obvio: que aún hoy hay comandantes farianos untados hasta el cuello en narcotráfico.
Finalmente, no es la extradición de Santrich lo que amenaza la paz. Lo que fomenta la violencia es la reiterada conducta criminal de algunos farianos. Nos han obligado a tragarnos los sapos de la impunidad y la JEP para los delitos previos a la firma del acuerdo. Pero para los posteriores no puede haber sino justicia implacable.
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