La polarización que no va a cesar

Rafael Nieto Loaiza

En Colombia, incluso en los momentos más duros del terrorismo de Escobar, había un acuerdo mayoritario para repudiar el narcotráfico y una decisión política para enfrentar con energía a los violentos. Un acuerdo con los violentos era posible siempre que los responsables de crímenes internacionales pagaran con cárcel, aunque fuera una pena reducida. El narcotráfico no era indultable o amnistiable ni podía considerarse como conexo a los “delitos políticos”.

El acuerdo con las Farc hizo añicos ese acuerdo: un sector político importante aceptó que los guerrilleros culpables de crímenes internacionales no pagaran ni un día de prisión, permitió que se le rompiera el espinazo a la rama judicial y que la guerrilla escogiera a sus juzgadores, y auspició que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo.

Fue peor. Para ese sector alcanzar un acuerdo con las Farc e implementarlo ameritó cualquier costo. Tres, en particular, fracturaron de manera profunda a la sociedad. Por un lado, la violación de la democracia. Por el otro, la manipulación del orden jurídico. Tercero, la ruptura de los sistemas de independencia de las distintas ramas del poder público y de frenos y contrapesos.

En efecto, Santos y las Farc se pasaron por la faja el triunfo del No en el plebiscito. La bendición de la Constitucional a semejante aberración solo dio apariencia de legalidad, pero no cambió su déficit de legitimidad.

Santos y sus aliados cambiaron las reglas del plebiscito, manosearon la Constitución y, a punta de contratos, presupuesto, financiación ilegal y clientelismo descarado, subordinaron a la Constitucional y al Congreso.

El acuerdo para luchar contra el narcotráfico se hizo pedazos. Hoy muchos se oponen no solo a la aspersión aérea sino a la erradicación forzada y, además, a la extradición como un instrumento indispensable contra los narcos.

El resultado está a la vista. Un sector mayoritario de la sociedad, expresado en el No y en la victoria de Duque con una propuesta de modificaciones sustantivas al acuerdo con las Farc, se niega a aceptar que no pueda modificarse el orden jurídico e institucional resultante de ese pacto. El santismo y sus aliados los califican de enemigos de la paz. Muchos aplauden que los criminales de las Farc vayan al Congreso sin ganar en las elecciones y les parece bien que se acuse a Uribe y a Duque de asesinos, aunque sobre ellos no haya proceso ni condena alguna por semejantes delitos.

Sí, la sociedad está altamente polarizada y nada hace pensar que tal polarización vaya a cesar.

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