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El congreso colombiano en los últimos años se viene enfrentando a una imagen desfavorable muy alta, fruto en muchos casos por la incapacidad de sus integrantes, por el incumplimiento de sus funciones y lo peor por ser apéndice del gobierno central, que utilizando las artimañas transaccionales tuerce a su favor los votos del legislativo. Un congresista le cuesta al país: salario treinta y cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil pesos ($34.417.000) más Unidad de Trabajo Legislativo cuarenta y tres millones ochocientos noventa mil ciento cincuenta mil pesos ($43.890.150) más Tiquetes cinco millones ($5.000.000) Alquiler de una camioneta once millones de pesos ($11.000.000), más seguro de vida que para todos cuesta mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesos ($1.245.000.000), el costo total mensual por congresista es de noventa y cuatro millones trecientos siete mil ciento cincuenta ($94.307.150), por doscientos ochenta (280) legisladores cuestan mensualmente veintiséis mil cuatrocientos seis millones ($26.406.000.0000).
Las grandes reformas deben darse por las instituciones que han generado mayor inconformismo, el Congreso debe asumir, dar ese primer paso para enviarle un mensaje al país que renueve su imagen, reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) sus integrantes, cincuenta por ciento (50%) las unidades de trabajo legislativo y elección máximo de dos periodos, para no hacer eterna, anquilosada y en muchos casos clientelar y corrupta la estadía de los congresistas.
Los colombianos se cansaron de las elites gubernamentales, de los privilegios, de los servidores públicos que usan sus cargos para servirse y no para servirle a los ciudadanos, el nuevo congreso debe ser el punto de partida para la restauración moral de un país que necesita mensajes y acciones contundentes de cambio real.
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