La olla podrida

Es doloroso admitirlo, pero en esto se nos está convirtiendo Colombia: en una olla podrida. Los colombianos tenemos la obligación de reaccionar, no podemos ser cómplices de esta situación.

Esta semana tuvimos dos casos que son fiel reflejo de lo que sucede. En Bogotá fue sorprendida la secretaria privada del director del CTI, la señora Carmen Sofía Carreño y su esposo, el señor Luis Enrique Torres, un detective adscrito a la Dijin, con un millón de dólares en maletas de doble fondo, cuando se disponían a salir para República Dominicana. Con ellos viajaba la hija, una menor de 20 años. Familia que delinque unida, permanece unida. Es evidente que no se trata de una simple infracción cambiaria. Estas personas son funcionarios del Estado y es fácil colegir que este dinero proviene de sobornos o de blanqueo. La señora Carreño, además, trabajó en el antiguo DAS, entidad de ingrata recordación, y entonces uno se pregunta: ¿Cómo llegó a la posición actual? ¿Quién la postuló? ¿Hubo una investigación preliminar sobre su moralidad, para vincularla a un cargo de semejante responsabilidad? El CTI y la Fiscalía nos deben una explicación. No basta con que el director, el señor Julián Quintana, diga que Carreño no era una persona de su confianza.

Por otra parte, en Florencia (Caquetá), fueron arrestados la alcaldesa, María Susana Portela, su esposo, Diego Luis Rojas, dos secretarios de despacho y 11 concejales. Al parecer, esta pareja le habría pagado a los concejales 800 millones de pesos para que aumentaran el cupo de endeudamiento del municipio por encima de los parámetros legales. El dinero habría sido facilitado por empresas que se beneficiarían con los contratos que les serían otorgados con dicho endeudamiento. Si esto es verdad, habría que concluir, junto con el caso anterior, que estas parejas parecen más asociaciones para delinquir que matrimonios. Portela, además, ya había estado detenida por presuntas irregularidades en contratos de construcción de interés social en la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, pero un juez de control de garantías no encontró méritos; y a su marido lo habían capturado por un intento de soborno para que la fiscalía cerrara la investigación contra su mujer.

Estos dos casos confirman lo que a diario se escucha en reuniones privadas. Que la administración publica está podrida. Que se venden fallos judiciales, que se cobran comisiones por adjudicar contratos, que los puestos públicos se compran y que inclusive los avales de los partidos políticos se venden. La corrupción es un sida que se está tragando el país.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, debería estar vigilante para que esto no ocurriera, en lugar de estar haciendo política utilizando como pretexto el proceso de paz. Podría encabezar una cruzada contra la corrupción. La administración pública toda demanda un exhaustivo proceso de limpieza. En 1982 Belisario Betancur dijo: “Que tiemblen los pillos”. No sucedió nada. La administración Santos ha tenido zares anticorrupción, y tampoco no ha pasado nada. La solución somos los ciudadanos. La corrupción es el verdadero enemigo de Colombia. No lo dude. No sea indiferente, no se cruce de brazos.

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