¿Licencia para extorsionar?

Guillermo Pérez Flórez

Enrique Mejía Fortich lanzó hace algunos días una dura acusación sobre el ‘periodismo extorsivo’ que se practica en la capital tolimense. Sus valientes declaraciones interpretan un sentimiento y una frustración que muchos solo expresan en privado. No le falta razón en todo cuanto dice. Utilizar el micrófono o la pluma para derivar canonjías, de una manera rayana con lo extorsivo, es una vieja práctica que en Ibagué se fortaleció en paralelo con un corrosivo estilo político que ha gobernado al Tolima.

No existe cómo medir el daño que esa ‘escuela’ le ha hecho a la región dado que se volvió una subcultura que se extendió a casi todas las casas políticas y medios de comunicación.

Los políticos entendieron que, para comprar silencios y complicidades, una parte de la depredación había que compartirla con los ‘periodistas’ más influyentes, ya por la vía del ‘sobre’, ya por vía de contratos de publicidad que pagan los ciudadanos con sus impuestos. ¡Y ay de aquel que quisiera modificar o denunciar ese régimen!

Durante el breve tiempo que participé del activismo político fui testigo de esa perniciosa praxis. Eran los años de esplendor de un conocido periodista, a quien había que pagarle para que abriera el micrófono, y de esta manera las fuerzas alternativas pudieran expresarse. Lo peor es que ese tipo de ejercicio ‘profesional’ se volvió la norma general y rápidamente los discípulos terminaron por superar al maestro. ¿Por qué soportó esto la ciudad? ¿Por qué los líderes políticos, gremiales y empresariales entraron en connivencia con ese fenómeno? Valdría la pena hacer esa reflexión.

El daño ha sido terrible. Durante los tres lustros pasados Ibagué fue sometida a un saqueo que hizo de las obras de los Juegos Nacionales el principal botín, con la defraudación de decenas de miles de millones. Un latrocinio perpetrado a plena luz del día gracias a la indiferencia ciudadana, a la abulia de algunos dirigentes y al silencio cómplice de los ‘principales’ medios de comunicación locales. Una parte del dinero público que se evaporó fue a parar a las arcas de influyentes ‘periodistas’ que con una mano sostenían un micrófono y con la otra guardaban el sobre. Eso es de dominio público. En Ibagué nadie puede decir que no sabía que la estaban sacando. Otra hubiera sido la historia si los medios de comunicación, como lo hizo El Nuevo Día, y tres o cuatro excepciones más, hubieran honrado la profesión de periodista.

Ignoro qué tanta repercusión haya tenido el ‘yo acuso’ de Mejía, a quien solo cabe rodear y apoyar en su denuncia. No se puede convivir eternamente con la corrupción y la inmoralidad. Tarde o temprano eso se paga. De hecho, lo estamos pagando. No hay que olvidar que lo que se roban son nuestros impuestos. Colombia, el Tolima e Ibagué necesita de medios de comunicación críticos, comprometidos con la defensa del interés público y de los bienes comunes. Ser periodista es estar comprometido con la verdad, no tener licencia para extorsionar. La denuncia de Mejía no debe caer en el vacío, al menos debería servir para hacer una catarsis colectiva.

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