Todos los gobiernos son expertos en manipular a la opinión pública. En Colombia y en la Conchinchina. Las cortinas de humo son famosas. Se trata de distraer a los espectadores, igual que el charlatán callejero con el archiconocido juego ‘Dónde está la bolita’. Los ingenuos y los lelos se dejan distraer tratando de adivinar dónde está, mientras les quitan de sus manos el dinero cuando no toda la billetera.
El Gobierno lanzó, de manera sorpresiva, una propuesta de reforma política que es inocua, no le va a cambiar la vida a nadie ni va a resolver problema alguno. Dentro de las propuestas está, por ejemplo, bajar la edad para votar a 16 años. Horror de horrores. En lugar de bajarla, yo propondría subirla, al menos a 21. El derecho a decidir, a escoger los gobernantes y a tomar decisiones encierra una responsabilidad inmensa. Descargar sobre los hombros de niños y niñas cargas tan grandes no resuelve nada ni hace más profunda la democracia. Es una iniciativa demagógica.
En esa misma línea, plantear el voto obligatorio es un disparate. Aclaro que hace 30 años, cuando fui diputado del Tolima, incurrí en él. Creía que el voto obligatorio era un bálsamo contra la politiquería porque disminuía el peso de voto clientelista. En realidad encubre un problema de legitimidad. En lugar de eso, se debería instituir un umbral de participación para considerar válida una elección. En mi opinión, elección que no obtenga una participación de al menos 51% del censo electoral debería considerarse nula y repetirse.
En Colombia han predominado históricamente los gobiernos de minorías. En 2002 la participación en las elecciones presidenciales fue de 46%. En 2006 bajó al 45%. 2010 fue más elevada, alcanzó un 49,29% gracias a la movilización de la ola verde con Antanas Mockus. 1958, 1970, 1974 y 1998 marcaron picos de participación en elecciones presidenciales, superando el 50%. En 1974 fue el nivel más alto, con el 58.47%. Pero lo usual es que las mayorías no votan. La participación es un indicador de la salud del sistema. Que la gente no vote indica, de alguna manera, desinterés por la vida pública, falta de credibilidad en las instituciones o en los candidatos. El voto obligatorio enmascara el síntoma. Además, no ir a las urnas, también debería ser un derecho.
Ampliar el período presidencial a cinco años ¿qué fundamento tiene? Por qué no seis, como en México. En Francia son cinco años, pero con la posibilidad de reelegir. Finalmente, está la propuesta de eliminar la lista abierta para los organismos colegiados. Otro error. Nada es más democrático que sean los electores quienes orden la lista y no lo jefes de los partidos. En España hay quienes quieren desmontar la lista cerrada por considerarla antidemocrática. Lo que hay regular es la democracia interna de los partidos y la financiación de las campañas.
La propuesta no tiene pies ni cabeza. Y ni siquiera logra distraer nuestra atención. No nos olvidaremos tan fácil de Odebrecht, como nos olvidamos de Reficar. Esta vez no.
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