Esta semana tuvo lugar en el Tolima un hecho bochornoso. Tropas de la Sexta Brigada del Ejército negaron el acceso a una comisión liderada por Cortolima, a predios en donde una petrolera adelanta trabajos exploratorios en un área que hace parte del bosque de Galilea. El objetivo: verificar presuntas infracciones ambientales.
El bosque de Galilea está en los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo y tiene aproximadamente 33.000 has. Es el mayor bosque natural del Tolima y dentro de él nacen importantes ríos abastecedores de estos municipios y del embalse de Prado. Este solo dato sería suficiente para dimensionar su valor ambiental. Dicha reserva natural es, además, una riqueza faunística y florística que hace un aporte fundamental para la conservación de la biodiversidad.
¿Por qué el Ejército impidió el ingreso de la comisión? Según comunicado de prensa del Comando de la Sexta Brigada, lo hizo para ‘para evitar desmanes’, un argumento bastante peregrino, por decir lo menos. Ello motivó una reacción airada por parte de Cortolima, pues se impidió una diligencia formalmente ordenada por ella como autoridad ambiental. Eso no puede ocurrir. Si bien es cierto que el petróleo es un recurso estratégico (y es obligación del Estado protegerlo), el agua también, y la misión del Ejército no es impedirles a las autoridades cumplir con sus deberes legales ni evitar que civiles desarmados acompañen a sus autoridades legítimas en el ejercicio de una función constitucional y legal. Esas conductas lesionan gravemente a la institución militar. Hacen más daño que bien. Este episodio debe esclarecerse totalmente. El Ejército no debe ni puede cumplir funciones de policía, ni menos de vigilancia privada, pues lo deslegitima ante los ciudadanos y, lo que es peor (aunque suene fuerte), lo transforma en una fuerza mercenaria.
Casos como este es lo que llaman los norteamericanos la ‘tormenta perfecta’. Estuvo mal el Ejército, por lo ya expresado. Estuvo mal la empresa, pues hay una evidente falla de relacionamiento con la comunidad, que desde hace ya varios años viene expresando su inconformidad con los trabajos de exploración en esta zona, e indican un absoluto desconocimiento de lo que significa la presencia militar en una región que sufrió en el pasado los avatares del conflicto armado. En otras palabras, se ignora la historia de Villarrica y de los municipios aledaños. Las autoridades energéticas deberían hacer un llamado de atención a la operadora, pues se nota que no aplica los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos.
Galilea es un patrimonio ambiental de los tolimenses y del país, y debe ser protegido con celo. Mucho cuidado. A la comunidad no se le puede negar el derecho a participar en la toma de decisiones y a ejercer veeduría sobre la forma como adelantan su trabajo las operadoras. Lo peor que puede hacerse es satanizar el movimiento ambientalista, como si fuese una fuerza subversiva o terrorista. El que nada debe, nada teme, reza al proverbio bíblico, así que en aras de la transparencia la empresa debe abrir sus puertas. Necesitamos saber qué pasa en Galilea.
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