El presidente Iván Duque y el senador Gustavo Petro han planteado, cada uno a su manera y en su momento, celebrar un Pacto Nacional o un Acuerdo sobre lo fundamental, en torno asuntos básicos para fortalecer el estado de derecho y el sistema democrático. Pues bien, uno de esos puntos debería ser, sin duda alguna, garantizar el derecho a la vida. Esto debe ser la principal prioridad de todos. Si el Estado y la sociedad no son capaces de proteger el más elemental de los derechos humanos, quiere decir que hemos fracasado como país.
La oposición democrática y las fuerzas políticas independientes harían bien en ofrecerle al presidente Duque un pacto de Estado para sacar adelante una política pública consensuada lo suficientemente innovadora y audaz orientada a conseguir un mínimo de garantías civiles y políticas. No se trata de llegar a los famosos acuerdos de gobernabilidad, basados en la transacción burocrática y presupuestal. No. Esa praxis le ha hecho mucho daño al país y es precisamente lo que la ciudadanía aborrece, la componenda clientelista, o la ‘mermelada’, como se dice ahora.
Los activistas sociales y defensores de derechos humanos están cayendo como moscas. Esto es ética y moralmente inaceptable, algo ante lo cual nadie puede ser indiferente. Mirar hacia otro lado es complicidad. Se requiere de una respuesta política y social contundente, para decir basta ya y parar esta nueva orgía de sangre que está comenzando. Sin embargo, veo a ciertos líderes políticos, más preocupados por lo que sucede en Venezuela (que sin duda alguna es grave, y mucho), que por lo que ocurre en Colombia. Razón tiene la excandidata presidencial y representante a la Cámara, Ángela María Robledo, cuando afirma que el asesinato de casi 500 líderes sociales es suficiente para hablar de un exterminio. La tesis de que son casos aislados o líos de faldas es ofensiva y casi que alienta a los violentos. Hay evidencia de que existe una mano oculta que está moviendo los hilos y dando las órdenes, y es absolutamente vergonzoso que los organismos de inteligencia y de investigación del Estado - la Fiscalía en particular - no sean capaces de identificar a los autores detrás de los autores de todos estos crímenes.
La oposición democrática o los movimientos alternativos tienen que demostrar que están en condiciones de superar el estadio de la denuncia y de la protesta. Esto hay que hacerlo, nadie dice que no. Pero su función no puede limitarse a denunciar que están pasando cosas, tienen el deber de hacer que pasen cosas, tener iniciativa y ofrecerle la mano al Gobierno, para temas puntuales y trascendentes. No es girarle cheques en blanco. No. Ni más faltaba. Es construir alternativa a partir de ofrecer salidas a situaciones críticas, como ésta que se vive. Lo primero es parar esta matanza. La paz que nos legó el presidente Santos es dramáticamente frágil, y tengo el temor de que en cualquier momento las cosas se pueden ir al traste.
El presidente Duque ha enviado señales de querer un entendimiento, hay que saberlas leer y contestarlas. Atrévanse, den el primer paso.
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