Ninguna institución ha conectado tanto a la sociedad colombiana, y de tan eficiente manera, con la democracia y los derechos humanos como la acción de tutela. Esta semana trascendió que desde 1991 se han presentado siete millones de tutelas, lo cual equivale a 710 acciones de tutela por día.
La cifra ha sido presentada como una de las pruebas reinas para sostener la tesis de que este instituto jurídico político es la causa del atascamiento en que se haya la administración de justicia, y que por lo tanto es necesario reformarlo. Craso error de interpretación. La cuestión es al revés, la cantidad de tutelas presentadas son producto, fundamentalmente, de fallas en la administración pública, por acción o por omisión. Gracias a este mecanismo los ciudadanos creen, aunque sea mínimamente, en el aparato judicial. Sin la tutela, la justicia casi que brillaría por su ausencia y millones de ciudadanos sentirían que solo les quedaría como recurso, tratar de hacer justicia por su propia mano. Una percepción que es la antesala del infierno.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ha convocado una cruzada para oponerse a que se reforme esta figura. “La tutela es el último bastión que tienen los colombianos en la defensa de sus derechos y no vamos a permitir que la restrinjan”. Creo que tiene razón. Despojar a los ciudadanos de esta herramienta sería dejarlos casi expósitos ante el abuso del poder público y de la plutocracia que nos mangonea. De hecho, ya la tutela ha sufrido menoscabo cuando condicionan sus efectos a que exista disponibilidad presupuestal para la protección de los derechos fundamentales, que es una manera sibilina de ponerle conejo y limarle los dientes a un mecanismo que ha cumplido un papel histórico en la democracia colombiana.
En la defensa de la tutela no puede haber medias tintas. Como está funciona bien. Por eso me gustó el mensaje de Ariel Armel el pasado viernes en el programa de televisión, claro, breve y conciso, al pedir que se desista de su reforma. Lo que corresponde hacer es una revisión del diseño estructural del Estado, en particular de la administración de justicia, que es altamente disfuncional. Y ahí no termina la cosa, porque la disfuncionalidad no es solo de la justicia, es casi de todo el Estado. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, se ha centrado en construir un complejo entramado burocrático que hace del Estado un elefante al cual le cuesta trabajo competir en un mundo de gacelas. La contratación pública es tortuosa para cualquier persona o empresa de bien. La mayoría de requisitos y procedimientos solo los entiende y cumple los corruptos. Adjudicar una licitación puede tomar años.
Se imaginan ustedes ¿qué sería de los derechos a la salud y a la educación si no existiera la tutela? El pico más alto y más dramático de violencia que haya tenido Colombia se registró en 1991, desde esa fecha vienen descendiendo todos sus indicadores. ¿Tendrá algo que ver con esto la tutela? Yo creo que sí. Sin duda alguna. La tutela reivindicó el derecho y a los jueces. No nos equivoquemos.
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