El movimiento estudiantil y la comunidad universitaria toda, acaban de recordarle al país que Colombia es una democracia y que la universidad pública tiene un papel trascendente como actor político y social. En mi sentir, la protesta estudiantil es una gran noticia, y antes que criticarla, estigmatizarla o menospreciarla debemos sentirnos orgullosos de que nuestros hijos se vuelquen a las calles para interpelar al gobierno y reclamar un mejor trato para las universidades públicas.
Las casi tres décadas de neoliberalismo que llevamos, han sido de menosprecio y desatención por los bienes públicos, y el mundo universitario no ha sido la excepción. Año a año se han venido disminuyendo los aportes presupuestales (porcentualmente hablando) para las universidades oficiales. En 1993, de cada 100 pesos de su gasto 84 los ponía el Estado, actualmente esa cifra se ha reducido a 49. Esto ha generado un deterioro no solo de la infraestructura sino de los recursos disponibles para investigación y mejoramiento de la calidad. La deuda histórica estatal hacia ellas asciende a 13.5 billones de pesos. En ese mismo año, la inversión anual por estudiante era de 10.850.000 pesos, hoy es de apenas 4.785.000. La estrategia ha sido clara: fortalecer la universidad privada, en detrimento de la universidad pública, quizá por la naturaleza contestaría y cuestionadora de los gobiernos y del sistema, ha sido políticamente incómoda e incorrecta.
El año pasado, el Estado destinó 8.9 billones de pesos para la educación superior, de ellos, solo 3,2 billones fueron a las universidades públicas. No tengo nada en contra de la universidad privada, por el contrario, creo que debe ser apoyada por el Gobierno, pues contribuye a ampliar la cobertura y estimula la diversidad de pensamiento, entre otras muchas bondades. Pero esto, no debe hacerse a costa de restarle presupuesto y competitividad a la universidad pública. La modalidad de contratación de los profesores, la mayoría como catedráticos (mal pagados), por ejemplo, es un factor que conspira contra la calidad de la educación y la calidad de vida del docente. Las instituciones de educación superior (IES) públicas, solo tienen 12 mil 570 maestros de planta, contrasta esto con el medio millón de soldados y policías de que dispone hoy Colombia. Esto no debería verse como normal. A los estudiantes les sobran razones para protestar, y hacen bien en hacerlo. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es entrar en un estado de anomia y atonía en el que da igual adelante que atrás, vivir que morir, tener que no tener. El país todo debe escuchar a sus estudiantes, están dando una nuestra de vitalidad, de alegría y madurez que nos mantiene viva la esperanza y la fe en el futuro de Colombia. Mal hacen quienes de manera displicente pretenden limitarles el derecho de expresión o acusarles de una supuesta violencia que no han ejercido, a todo parecer no entienden ni quieren entender los profundos cambios que se están dando en la sociedad. La solidaridad con los estudiantes debe ser total, porque nos estimulan a todos y nos recuerdan el sentido y finalidad de la universidad pública.
Comentarios