El Gobierno quiere bajar el IVA, pero aumentar la base tributaria. La tesis es que todos debemos pagar impuestos, como si así no fuese. Y en torno a esto ha girado el debate púbico, en esta materia. Sería deseable, sin embargo, que el mismo se ampliara a otros ámbitos, por ejemplo, a las exenciones tributarias y a los subsidios. Según Salomón Kalmanovitz, en 2016 éstos alcanzaron 72,3 billones de pesos, es decir, cerca de seis veces lo que el Gobierno pretende recaudar para tapar el ‘hueco fiscal’. ¿Por qué no se discute sobre esto? ¿Por qué se centra la discusión en la ampliación del IVA a casi toda la canasta familiar? La repuesta es sencilla, porque los beneficiarios de esas exenciones tienen poder político y no están dispuestos a dejárselas quitar. Muchas de estas tienen que ver con las que se otorgan a las llamadas zonas francas, que pagan 14 puntos menos que el resto de empresas, y sin parafiscales.
La cuestión tributaria es la principal herramienta de redistribución del ingreso, y como van las cosas, el proyecto de ley de financiamiento contribuirá a que el ingreso se concentre más, en un país que tiene el “mérito” de ser uno de los de mayor concentración de la riqueza, al punto que, según la Cepal, el 1% de la población de más alto ingreso, acapara el 21,6% de éste. En todos los países llamados desarrollados la desigualdad económica se combate con la tributación, al imponérseles mayores cargas a quienes más ganan e invirtiendo más presupuesto en las necesidades de los sectores de menor ingreso. Sin embargo, cuando en Colombia se compara la desigualdad de ingreso antes de impuestos con la que queda después de impuestos, se observa una variación mínima del llamado índice Gini (0,55 vs 0,54).
Lo peor, en mi modesta opinión, es que existen gabelas tributarias sin estudios establezcan y demuestren una relación directa entre el costo y el beneficio que puede derivarse de otorgar las extensiones. En otras palabras, se conceden por razones políticas, sin fundamento técnico. De acuerdo con el inventario de beneficios tributarios de la Dian, hay gabelas vigentes desde 1959, sin que se haya podido establecer el beneficio neto para la sociedad derivado del otorgamiento que tales gabelas. ¿No es esta una forma de detrimento patrimonial encubierta?
Durante los ocho años de la “confianza inversionista”, se consagraron muchas de las exenciones vigentes, la administración Santos desmontó algunas, es verdad, pero no todas ni las más gravosas. ¿Por qué no debatir sobre esto, así como de los subsidios a varios sectores económicos? Es una equivocación cimentar el desarrollo económico del país a partir del otorgamiento de estímulos tributarios, así como tratar de resolver con estos las crisis que encaran algunos sectores, producto de las oscilaciones de la economía mundial. Colombia no está en capacidad de competir con los países desarrollados a partir de estímulos tributarios y subsidios a las empresas. Hay que desarrollar otras ventajas competitivas, por ejemplo, tener mayor cualificación de la mano de obra, para lo cual es fundamental que paguen más los que más tienen, y no al revés.
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