Después de escuchar los audios que recogen las conversaciones del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, con el fallecido Jorge Enrique Pizano, sobre la corrupción en el consorcio Ruta del Sol II, integrada por la multinacional Odebrecht, una filial del grupo Aval y otra empresa, le queda a uno la sensación de que los colombianos nunca sabremos toda la verdad que rodea este caso. De allí la importancia que tiene la designación de un fiscal ad hoc, para que adelante la investigación.
El comportamiento de Martínez deja mucho que desear, así como la actitud del grupo económico que él ha asesorado. Trataron de ocultarle al país hechos supremamente graves, no solo porque se trata de una defraudación al Estado y a todos los colombianos, pues las coimas se pagaron con dinero público, sino porque solo pensaron en proteger mezquinamente sus propios intereses, como lo demuestra el arreglo financiero que hicieron con Odebrecht. El daño que le ha hecho Martínez a la Fiscalía es inmenso, en uno de los momentos en que los colombianos reclaman una lucha seria y consistente contra la corrupción, la cual le genera risa, según queda patente en los audios revelados. Queda mal parada la Justicia toda, pues se revela incompetente para desenmascarar esta sórdida trama de corrupción, digna de una película de mafiosos. Todo cuanto rodea este escándalo es turbio y huele mal. Solo sirve para menguar la confianza ciudadana en las instituciones, y para reforzar la creencia de que la justicia es para los de ruana.
Las muertes de Jorge Pizano y la de su hijo agregan ribetes trágicos y suscitan las más oscuras conjeturas. Ya es recurrente que en Colombia los testigos de casos relevantes se mueran, o los mueran. Lo que ha ocurrido es grave. Solo la laxitud moral que aqueja a la elite política y empresarial, puede permitir que esto se tape y se pierda en el alud de noticias y escándalos que suceden en Colombia. Ya es imposible recordar tantos casos de corrupción, de defraudaciones al erario, que pagamos todos los colombianos. Los estudiantes reclaman mayor presupuesto para la educación y los ciudadanos se niegan a ser esquilmados con nuevos y mayores impuestos. No les falta razón.
Uno esperaría que el hombre más rico e influyente de Colombia, asumiera una actitud más decorosa, y que contribuyera a que se aclarara toda esta situación y ofreciera una disculpa a los colombianos por sus omisiones y silencios. Y esperaría que su abogado, el fiscal Martínez, en un acto de decoro se apartara del cargo. El que nada debe, nada teme, reza el adagio. Los colombianos de a pie, que todos los días deben levantarse temprano para librar una batalla por la subsistencia, están estupefactos con lo que están viendo y oyendo.
La Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República no pueden ser indiferentes a esta tragedia. Los ciudadanos esperamos que se pronuncien y que actúen. De lo contrario, creeremos que todos se tapan con la misma cobija. Gravísimo.
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