El sonado caso del joven a quien la Policía multó con 883 mil pesos por comprar una empanada en la calle bogotana es de esas cosas raras que suceden en Colombia, que nos retrata de cuerpo entero. A los oficiales que aplicaron el Código Nacional de Policía, los mandaron a la calle sin una adecuada capacitación, que les permita diferenciar entre “promover el uso irregular del espacio público”, que es lo que sanciona el artículo 140 de dicho código, y estimular la venta ambulante que es lo que hace el comprador callejero.
Es bastante discutible que a alguien promueva el uso irregular del espacio público por comprar en la calle. En realidad, quien promueve esa conducta es el propio Estado, que es incompetente para reglamentar y controlar la venta ambulante, y quien, además, expide normas que prohiban la informalidad económica. Cada día es mayor la cantidad de personas que migran hacia la informalidad, empujadas por las normas administrativas y tributarias. El libro del peruano Hernando de Soto, “El otro sendero”, publicado hace ya unos años, demostró las grandes repercusiones sociales, económicas, políticas y fiscales de la informalidad en Perú. Estudió cómo, en su momento, 91.455 vendedores ambulantes controlaban la distribución minorista de los artículos de consumo popular en Lima; y cómo el 93% del parque de servicio de transporte urbano era dominado por la informalidad.
La informalidad tiene que ver con la manera en que se ha construido el país con modelos que desconocen nuestras realidades, generan exclusión y limitan la capacidad de emprendimiento de la gente. Por supuesto, también se relaciona con el costo excesivo de los servicios financieros, que “promueven” el no uso de cuentas bancarias. Colombia es de los países más caros en servicios financieros, algo que atenta con la inclusión y la cohesión sociales.
Sobre este tema escribió hace algunos años, Carlos Gustavo Cano “La inclusión financiera en Colombia”, y demostró cómo “la insuficiente inclusión financiera por parte de importantes grupos de una sociedad puede retrasar el desarrollo y el crecimiento económico, impedir el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas en el corto plazo y contribuir a la desigualdad social”. Pero siempre existe gente creativa, a la que se le ocurre que ante la incapacidad de formalizar la economía, se puede castigar a los ciudadanos por relacionarse con la informalidad. Por eso también se quiere regular el uso del dinero en efectivo.
Es lo que podría denominarse “formalización forzada”. Políticas que atentan contra los más elementales principios de libertad económica y que, esas sí, “promueven” la apropiación de rentas por parte de élites políticas y económicas, en países predominantemente informales como los latinoamericanos. Este es un tema tabú, porque, quién le pone el cascabel al gato. Multar a un ciudadano por comprar una empanada en la calle, suena a broma. Desvirtúa el espíritu de las normas de policía y hace del Estado un hazmerreír. Y como digo atrás, nos retrata de cuerpo entero. La informalidad económica no es un problema de policía, es un problema de incompetencia política y de miopía económica.
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