El secuestro de la política

Guillermo Pérez Flórez

En 1991 se produjo en Colombia una auténtica revolución con la expedición de una nueva constitución que recogió una manera diferente de ver y sentir el país. Uno de los pilares de esa revolución era la participación ciudadana, se pasó, como se ha dicho tantas veces, de la democracia representativa a la democracia participativa, un concepto político que en el mundo contemporáneo es la clave de la convivencia, pero que algunos sectores abominan y no terminan de digerir.

De ese cambio de paradigma surgieron instituciones como el voto programático, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa, entre otras. Se buscaba en la participación el antídoto contra la politiquería, la corrupción y la violencia. Gracias a ella habría unas instituciones más legítimas y transparentes, con lo cual se garantizarían la convivencia y la paz. Sin embargo, como reza el viejo adagio, hecha la ley, hecha la trampa. Lo que se escribía con la mano se borraba con el codo, a través de una mañosa reglamentación legal.

Por razones de espacio solo me referiré a un aspecto, a los famosos avales, indispensables para participar en el proceso electoral. No se quién acuñó la frase de que en Colombia era más fácil montar una guerrilla que un partido político, y va siendo cierto. El aval para inscribir una candidatura a un concejo, a una alcaldía, a una asamblea o a una gobernación, es hoy por hoy una cortapisa a la participación, dado que les restringe a los ciudadanos la iniciativa. El ciudadano no es entonces el sujeto político de la democracia, terminaron siéndolo, por la vía de los avales de los partidos - los cuales son apenas un remedo - los políticos de oficio. ¡Qué lejos están los días en que bastaba la postulación del vecindario para presentarse al concejo del municipio!

De hecho, hay incluso sectores políticos que son víctimas de esa trapisonda electorera. Me refiero, por ejemplo, al caso del movimiento Colombia Humana, que lidera Gustavo Petro, quien obtuvo en las pasadas elecciones ocho millones de votos, pero a quien el Consejo Nacional Electoral le niega la personería jurídica, es decir, no le permite existir. Horror de horrores. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Petro, pero quitarle la posibilidad de que pueda inscribir candidatos es una aberración. En situación similar están los hermanos Galán, a quienes no se les quiere permitir revivir el movimiento que fundara su padre. Si en 1982 hubieran existido los famosos avales, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara no habrían podido promover la rebelión que protagonizaron para refrescar la política nacional y tratar de revigorizar un partido del cual ya se habían apropiado las camarillas electorales, y que finalmente terminó en lo que terminó: apenas una vulgar caricatura.

Los políticos han secuestrado la política. Se la han quitado a sus verdaderos titulares (los ciudadanos) so pretexto de modernizar los partidos. ¿En qué momento se operó este asalto? Ni cuenta nos dimos. Debería promoverse una rebelión ciudadana contra este atropello y en defensa de un derecho fundamental consagrado en la Constitución: el de la participación.

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