Los episodios del pasado viernes, relacionados con el caso Santrich, marcarán en buena parte la agenda política futura del país. Su efectos se sentirán dentro y fuera de él, hieren –casi de muerte– el proceso de paz y fracturan la posibilidad de un entendimiento entre las principales fuerzas políticas. Estamos en presencia de los hechos más delicados ocurridos en Colombia desde cuando se firmó la terminación del conflicto con las Farc en 2016.
Se ha inaugurado una peligrosa doctrina consistente en que los fallos judiciales se acatan sólo cuando se está de acuerdo con ellos, y que si no, cualquier argucia es válida para eludirlos. La Justicia Especial para la Paz ha sido objeto de una burla. La prueba que no apareció en trece meses y que EE.UU. no pudo entregarle al tribunal de la JEP, y el proceso judicial que el fiscal Martínez no pudo abrir –supuestamente por tratarse de un delito transnacional- de repente, surgen en apenas veinticuatro horas, para burlar un habeas corpus y mantener preso a Santrich. Nunca en la historia se había visto tanta celeridad, eficiencia y cooperación judicial internacional. Con sobrada razón, la JEP se pregunta por qué las nuevas pruebas que dice tener la Fiscalía, sobre la vinculación de Santrich con el narcotráfico, no fueron aportadas a su sección de Revisión. La misma JEP dijo en la providencia que negó la extradición, que las autoridades judiciales colombianas deberían asumir la investigación, pero esta no está ejecutoriada, por lo tanto la JEP aún mantiene la competencia. Es que se trata de hechos nuevos (sic), aduce la Fiscalía. Una burda tinterillada orquestada desde Washington. Pero dejemos de lado ese oscuro laberinto procesal, y centrémonos en sus efectos políticos. Esta rocambolesca maturranga lesiona gravemente la credibilidad del Estado de derecho, la legitimidad de la Fiscalía General, y refuerza el mito que durante largo tiempo alentó el conflicto violento, de que el “establishment” no juega limpio y que no le importa dañar sus propios valores, estado de derecho, garantías procesales, derechos humanos, etc., cuando de alcanzar los fines se trata. El fin justifica los medios. Maquiavelo, en estado puro. Esto le ofrece a Iván Márquez una oportunidad para justificar internacionalmente su desconfianza en la institucionalidad. De hecho, ya ha comenzado a hacerlo. Los miembros de las Farc se consideran totalmente engañados, y aunque muchos se regocijen por ello y crean que bastante merecido lo tienen, el costo de tal alegría lo pagará el país y no ellos.
¿Qué viene ahora? Difícil saberlo. Nos adentramos en un terreno de arena movediza, en un pantano infestado de caimanes hambrientos. Se aproxima una tormenta perfecta. Dios nos guarde. Rodrigo Londoño, Timochenko, tiene una compleja tarea, convencer a su gente de que debe mantenerse en un proceso que ha entrado en fase agónica, para evitarle mayores dolores al país. Le deseo éxitos. ¿Cómo se reconstruirá la confianza entre las partes?, ¿Cómo se conjurarán los riesgos?. Estamos ad portas de que el proceso de paz quede “hecho trizas”, y en medio de “risas”.
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