La posesión de los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali tuvo una coincidencia que vale la pena subrayar, Claudia López, Daniel Quintero e Iván Ospina hablaron de seguridad. La primera, prometió mejorar la seguridad ciudadana, para que los bogotanos puedan “vivir sin miedo”. (Ya lo había dicho hace cuatro años Peñalosa). El segundo, dijo que “Medellín no se dejará vencer por el miedo”, pues las “tasas de homicidios, robos y extorsiones crecieron”; y el tercero, manifestó que estaba “cansado de las muertes y que Cali sea la cenicienta de Colombia”.
Desconozco los discursos del resto de alcaldes, pero me atrevo a asegurar que la seguridad ciudadana ocupó un lugar fundamental. No hace falta ser muy sesudo para saber de qué hablaría el alcalde de Soacha, el de Bojayá, el de Tumaco o el de Yopal. La seguridad es problema que los alcaldes no saben qué hacer más allá de apoyar a la Policía con motos y gasolina, poner cámaras de video o pedir al gobierno nacional más pie de fuerza.
Finalizando el gobierno anterior, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró en un reportaje, que los alcaldes tenían que comprometerse en la lucha contra la minería ilegal. Me dieron ganas de reír. Las competencias de los alcaldes en este campo son casi marginales. Por ello, casi siempre que los ciudadanos reclaman seguridad los alcaldes voltean a mirar hacia la Policía, descargando la responsabilidad sobre ella. El alcalde es jefe de Policía, pero no de “la” Policía. Esta institución tiene lealtades y agendas nacionales, no regionales ni locales. De hecho, a los policías los rotan por todo el país, van de pueblo en pueblo como ánima en pena. Y esto es algo absolutamente equivocado, pues carecen de arraigo. La seguridad es un asunto político (en el mejor sentido de la expresión), y es responsabilidad de los gobernantes. Tiene una dimensión amplia que va desde garantizar la vida, honra y bienes (como se ha afirmado tradicionalmente), hasta el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución, e incluye aspectos tan variados como la salubridad y la convivencia.
En Colombia ha hecho carrera la idea de que no puede haber policía local (como en muchos otros países, Estados Unidos, España y Bélgica, por ejemplo), por temor a que los alcaldes cometan arbitrariedades. Se prefirió crear las famosas Convivir. Olvidan los críticos que no toda acción policial requiere armas. Podríamos tener policía local desarmada, para que ayude a la convivencia, a la protección de espacio público, a la vigilancia en escuelas, colegios, hospitales, a la protección de bosques, en fin... En Lima existe una figura creada en los años 80, cuando la Policía se volcó a combatir el terrorismo, lo cual generó un vacío en materia de seguridad ciudadana: el serenazgo. Un cuerpo civil dotado de comunicaciones y movilidad, que patrulla calles y parques, pagado por las municipalidades.
Hay que repensar la seguridad desde un nuevo modelo de intervención. Dicen que locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es de locos seguir como estamos.
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