Reformas inaplazables

Guillermo Pérez Flórez

Volvamos a las preguntas elementales. ¿Cuáles son las principales razones que legitiman la existencia del Estado?  Dentro de la teoría política, según Hobbes, el Leviatán (cómo este lo denomina) adquiere razón de ser por la necesidad de paz y seguridad de la sociedad. Al Estado corresponde resolver las tensiones que genera la anarquía social, y garantizar la convivencia dispensando seguridad y justicia. Cuando un Estado no suple estas dos necesidades, pierde razón de ser y su propia legitimidad.
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En Colombia muchos ciudadanos se sienten inseguros y son víctimas de agresiones. Hace unos días la Fiscalía General reveló que en 2019 se presentaron 25.695 casos de abuso sexual, y que el 74% de las víctimas no había cumplido 15 años. Ello significa que casi tres personas son abusadas sexualmente cada día. En cuanto al hurto de celulares se registran 3.162 casos diarios. Dramático. Los anteriores delitos tienen una alta tasa de sub-registro, dado que muchos de las personas ofendidas no denuncian.

Hace unas semanas, el director de HRW, José Manuel Vivanco, afirmó que la protección del Estado en Arauca era inexistente, que la guerrilla hacía las veces de Policía. Algo similar sucede en otras regiones. En Chocó, el Catatumbo o Tumaco, por ejemplo, en donde los grupos irregulares se disputan el control del territorio a fin de captar rentas ilícitas. La seguridad está mal, muy mal. Pueden dar fe de ello los ciudadanos y las autoridades locales. Lo más triste de todo es que la administración de Justicia está peor. La impunidad ronda el 97% y la congestión judicial es de una magnitud jamás vista. Hay jueces pero no justicia. Los procesos tardan años. Según una encuesta de Pulso País de 2019, a la cual hace referencia el presidente de la Corte Constitucional en una entrevista, el 82% de los ciudadanos desaprueba la administración de Justicia.  

Reformarla, pues, es una necesidad inaplazable. Pero una reforma de fondo, no un simple retoque para redistribuir el poder político. Los primeros anuncios del Gobierno en esta materia dan grima. Aumentar la edad para ser magistrado no va a hacer que tengamos una mejor justicia, como tampoco inhabilitar políticamente al Fiscal, al Procurador o al Contralor. No nos digamos mentiras. Lo que se pide es que la Justicia funcione, y que funcione bien, y para ello hay que pensar por “fuera de la caja”. No se puede seguir haciendo más de lo mismo.

La reforma a la justicia y al modelo de seguridad es una discusión que debe darse de cara al país. Ambos servicios están a cargo del poder central, y en los dos, el fracaso es protuberante. El margen de actuación de las autoridades locales en estos dos campos es casi mínimo, pese a que el art 311 de la Constitución proclama que el municipio es la entidad fundamental del Estado. La reorganización estatal debe hacerse de abajo para arriba, si queremos que el Leviatán sea legítimo y sirva para algo.

De lo contrario, la deriva será la que ya estamos viendo: que los ciudadanos se armen, se defiendan y hagan justicia por sus propias manos. ¡Terrible! 

GUILLERMO PÉREZ FLÓREZ

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