Mientras el Gobierno de Colombia sigue empeñado en facilitar las condiciones para impulsar el crecimiento de la locomotora minera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) insiste en que la economía del país requiere de diversificación urgente, por supuesto orientada hacia sectores diferentes al de la minería.
Según el “Estudio Económico de Colombia”, recientemente publicado por este importante organismo multilateral, la economía colombiana, a pesar de haber tenido un comportamiento excepcional durante la última década, podría verse seriamente afectada por la caída del comercio mundial de materias primas, especialmente petróleo y carbón, que ciertamente representan un porcentaje mayoritario de las exportaciones totales de nuestro país.
El informe va más allá del plano económico e insiste en que en Colombia “uno de los principales problemas ambientales es la tensión que se ejerce sobre la biodiversidad a través de la expansión de las actividades extractivas… Así mismo, la proporción de tierras destinadas a la extracción de petróleo y a la minería ha crecido de manera significativa, y algunas actividades, especialmente las prácticas mineras ilegales, contaminan el suelo y el agua”.
Aunque desde hace meses, organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, vienen advirtiendo un panorama sombrío para la economía de esta región del mundo, generada principalmente por la reducción de la demanda de materias primas causada por la desaceleración a nivel global, y en especial de las economías emergentes como China, India y Brasil, en Colombia se ha seguido construyendo una política favorecedora de un sector extractivo que, además de producir bienes menospreciados en los mercados internacionales, genera sendas externalidades negativas que han contribuido en gran medida a acelerar el deterioro del patrimonio ambiental de Colombia.
Bajo esta perspectiva, se puede decir que el Gobierno ha hecho una apuesta equivocada al impulsar con ímpetu el sector extractivo, en detrimento de otros que generan mucho más empleo y encadenamientos productivos como el sector agropecuario o la industria manufacturera. Eso, sin mencionar el mal negocio que representa la pírrica participación del Estado en la renta minera, que claramente es mucho más baja que la de otros países región.
“El boom de las materias primas se está agotando y es necesario adoptar políticas para mantener el crecimiento. Se necesita inversiones fuera del sector de recursos naturales para crear empleos formales y reducir los elevados niveles de desigualdad”. Por supuesto, lograrlo no será tarea fácil, pero tampoco imposible. Con el impulso a la construcción, el Gobierno demostró que es capaz de desarrollar y mantener sectores que antes estaban rezagados, y que pueden cumplir papel fundamental para acelerar el crecimiento económico. Se requiere entonces de una decisión estratégica del Gobierno para apostar a fomentar el crecimiento y la competitividad del sector agropecuario, pero en especial de la industria y los servicios.
Atender las recomendaciones es un imperativo. Aunque Colombia presenta perspectivas económicas muy superiores a las del vecindario, el Gobierno tiene que entender que la alta dependencia de los recursos naturales no solo pone en riesgo la sostenibilidad ambiental sino, también, la económica del país. No lo dice un “ambientalista extremo”. Es la Ocde, ese exclusivo club de países desarrollados al que el mismo Gobierno anhela pertenecer.
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