Corrupción en Colombia: de mal en peor

El vergonzoso escándalo que se desató en el país por las presuntas actuaciones corruptas de algunos magistrados de la “Honorable” Corte Constitucional, es una muestra más de que en términos de corrupción, nuestro país va por muy mal camino.

Aunque no se puede afirmar que este tipo de prácticas deshonrosas estén presentes en el ejercicio de todos los constitucionalistas, resulta incomprensible que la entidad que se encarga de preservar la integridad y la supremacía de la Constitución Política de Colombia, sea la más reciente protagonista de este hecho bochornoso, que no solo deteriora la imagen de una institución pública insigne, sino que sigue perjudicando la legitimidad del Estado colombiano, que aunque permanentemente introduce medidas para combatir este implacable flagelo, cada día parece más impotente para lograrlo.

En 2012, el estudio ‘Cultura Política de la Democracia en Colombia y en las Américas: Hacia la igualdad de oportunidades’, liderado por Usaid, la Universidad de los Andes y algunas otras entidades, pudo establecer que Colombia ocupaba el primer lugar en percepción de la corrupción entre todos los países de Norte, Centro y Suramérica, y que además presentaba una tendencia ininterrumpida de crecimiento desde 2008.

Posteriormente, el informe ‘Percepción de la Corrupción 2014’, elaborado y publicado por la organización Transparencia Internacional, ratificó que la situación en Colombia no estaba mejorando, ya que nuestro país terminó ocupando el puesto 94 entre 174 naciones, con un índice de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), que incluso superó el de la mayoría de países de las Américas.

Para rematar, el ‘Reporte Global de Competitividad 2014 - 2015’, del Foro Económico Mundial, confirmó que en Colombia, el principal factor problemático para hacer negocios es justamente la corrupción, incluso más que otros que se consideraban preponderantes como la inadecuada infraestructura del país, la ineficiencia de las instituciones gubernamentales o las regulaciones tributarias.

Lastimosamente, la deplorable imagen de Colombia en el contexto internacional sigue siendo afectada por casos como el de la Corte, que indudablemente es apenas un asomo de los muchos que existen en las altas esferas judiciales del país y, por supuesto, en las demás ramas del poder público.

Pero lo más preocupante es que, a pesar de este sombrío panorama pareciera que la transparencia y eficiencia en el manejo de lo público no fuera un imperativo en nuestra sociedad: los organismos de control, a pesar de las medidas anticorrupción contenidas en la normatividad del país, siguen permitiendo la impunidad en muchos casos de probada corrupción; los ciudadanos parecen inermes, y además de evitar el ejercicio del control social, muchas veces entregan su voto a candidatos de dudosa reputación; algunos empresarios continúan financiando campañas políticas para luego capturar las administraciones, y, lamentablemente, la mayoría sigue prefiriendo gobiernos de favoritismos y amiguismos, en lugar de los que entregan garantías para todos.

La corrupción afecta la sociedad en general porque es el principal factor que obstaculiza la gobernabilidad y la competitividad del país. Mientras cada ciudadano no asuma la responsabilidad de contribuir en la construcción de un país mas honesto, seguiremos asistiendo a hechos como el de la Corte, que aunque apenas está en etapa de investigación, ya deja al descubierto los alcances de un problema que parece de nunca acabar.

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