Está claro que la gran mayoría de ibaguereños está en completo desacuerdo con proyectos mineros que puedan generar impactos indeseables en nuestro territorio. No obstante, llegó la hora de poder refrendarlo democráticamente, eso si los honorables concejales de Ibagué dan su aprobación para que continúe el trámite de la convocatoria de la Consulta Popular.
Personalmente he dialogado con varios concejales quienes, desde el mismo momento en que el Alcalde de Ibagué radicó la iniciativa ante la Corporación, manifestaron un decidido apoyo a la aprobación de la Consulta.
Sin embargo, no deja de preocupar las declaraciones de unos pocos cabildantes que hasta el momento han asumido una posición ambigua sustentada en argumentos poco precisos: que no hay la suficiente exposición de motivos, que le temen a investigaciones por parte de los organismos de control, que en Ibagué no existen proyectos mineros en ejecución, que el Alcalde no necesita la aprobación por parte del Concejo, entre otros.
Al respecto quiero hacer varias aclaraciones: i) la ley de participación ciudadana en su artículo 53, establece que si el concepto del Concejo es desfavorable, el Alcalde no podrá convocar la consulta popular, luego si esta en las manos de los Concejales la suerte de la iniciativa.
ii) en Ibagué sí hay títulos mineros vigentes, incluso en el Cañón del Combeima, lo que claramente podría generar afectaciones a las fuentes hídricas y la vocación agrícola y turística de la ciudad, algo que debería evitarse a través del ordenamiento territorial, que es de absoluta competencia del Concejo Municipal.
iii) frente a los temores por una posible sanción por parte de la Procuraduría hay que aclarar dos cosas: el Tribunal Administrativo del Tolima es quien hace el control de constitucionalidad, no la Corporación, por lo que si algo va en contra de la carta magna –algo que está descartado- pondría en aprietos a los magistrados y no a los concejales. Lo segundo es que más allá del bullying mediático por las investigaciones que abrió el ministerio publico a los Concejales del municipio de Piedras, han pasado tres años sin que estos cabildantes hayan sido citados a ninguna diligencia relacionada con dicha investigación, lo que hace pensar que no les sobrevendrá penalidad alguna.
iv) al no identificar mecanismos que garanticen la “participación activa y eficaz” del municipio sobre la prohibición o realización de actividades mineras, tal y como lo establece la sentencia de la H. Corte Constitucional, no queda otra alternativa que resolver el asunto por medio de la Consulta Popular.
Sería injusto en este momento señalar a algún Concejal de estar en contra de la Consulta Popular.
Sin embargo, es oportuno hacerles un llamado para que como auténticos representantes de los ibaguereños asuman con valentía el reto de sacar adelante una iniciativa que solo pretende permitir la manifestación soberana de la voluntad del pueblo, respecto a la defensa de nuestros bienes comunes. Eso no es hacer populismo, es honrar los verdaderos valores democráticos de nuestra sociedad.
Sería vergonzoso, por decir lo menos, que el resultado del trámite de esta iniciativa en el Concejo fuera negativo. Por el contrario, sería todo un orgullo mostrar que en Ibagué la Consulta fue aprobada por unanimidad.
El balón está en su cancha Honorables Concejales, los ibaguereños confiamos en ustedes.
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