Faltan muy pocos días para que se decida la suerte de la consulta popular minera de Ibagué. En medio de todo tipo de presiones y advertencias dirigidas a los Honorables Concejales, por parte de los llamados a defender con fuerza descomunal el statu quo de las elites del país –léase multinacionales mineras y “afortunados” miembros del estamento burocrático-, estos diecinueve cabildantes tienen la nada fácil tarea de votar positiva o negativamente la conveniencia de convocar a la ciudadanía para que se pronuncie frente a una pregunta que busca evitar que con ocasión de proyectos mineros se generen impactos como la contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio.
Ad portas de tan trascendental decisión, hay altas probabilidades de que el barco de la consulta popular pueda naufragar durante su paso por el Concejo de Ibagué, algo que, por supuesto, me incomoda tener que vaticinar.
No me cabe duda que todos, o al menos la mayoría de concejales, tiene la férrea voluntad de respaldar la iniciativa ciudadana con el fin de defender los recursos naturales; yo creo firmemente que ellos están del lado de la ciudadanía. No obstante, lo que puede ocurrir es todo lo contrario, que el establecimiento económico y político nacional triunfe una vez más, como resultado inequívoco de que desde el mismo momento en que el Alcalde radicó la pregunta ante la Corporación, se volcó estrepitosamente a amedrentar por todos los medios posibles a los cabildantes, porque no acepta, bajo ninguna circunstancia, que se tomen decisiones que afecten los intereses de los privilegiados, mucho menos si vienen desde la provincia. Sería una victoria para el país prominero, que a mi juicio no involucraría “compra de conciencias”, ni amenazas de carácter violento, sino más bien certeras dosis de advertencias de pérdida de investidura, inhabilidades y otras supuestas consecuencias, que lograrían inhibir las intenciones de muchos concejales de avalar la consulta popular. Se trataría de un éxito de las élites nacionales, alcanzado mediante la instrumentalización del poder normativo, que lejos de procurar la necesaria concertación entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales, reafirma una detestable y arcaica dictadura ambiental, en la que solo tienen derecho a opinar quienes fungen como miembros o beneficiarios del régimen. Se constituiría en una muestra más de la pobre gobernanza que hay en el país en materia de minería, que a pesar de los crecientes conflictos socio ambientales, parece cada vez más lejana de las prioridades del Gobierno nacional.
Me gustaría que lo anterior no ocurriera y que el Cabildo ibaguereño votara unánimemente un concepto positivo para la Consulta Popular, aunque esto, como ya lo he dicho, signifique un desafío para las élites económicas y políticas nacionales, a las que les asisten preciosos intereses en el avance de la llamada “locomotora minera”.
Al final del día, sea cual sea el resultado, los ibaguereños debemos seguir luchando por nuestro derecho colectivo a un ambiente sano, en palabras del reconocido economista Joan Martínez Alier, debemos seguir practicando el ecologismo de los pobres, el que se funda en la necesidad de defender el sustento para la supervivencia humana, porque no podemos permitir que parte del crecimiento económico del país se erija sobre el agotamiento de recursos de una región y a costa del sometimiento de la voluntad del pueblo tolimense.
@cesarpicon
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