El llamado a la resistencia civil, justo cuando se resolvió la discusión que giraba alrededor de la seguridad jurídica de los acuerdos de La Habana, es tan inconveniente e inoportuna como la misma polarización que están dispuestos a profundizar quienes han mantenido la confrontación militar con las guerrillas como su más eficaz argumento para hacer política en Colombia.
Resulta lamentable, por decir lo menos, que cuando más cerca estamos de alcanzar el cese definitivo del conflicto armado, los detractores del proceso de paz utilicen todo tipo de argumentos, en su mayoría falaces, para hacer creer a la población que el país camina hacia un oscuro abismo legal y constitucional que amenazaría los derechos de las víctimas y el resto de la sociedad, un absoluto despropósito.
Está claro que para muchos colombianos las sanciones que se impondrán a los jefes de la guerrilla y sus demás integrantes son irrisorias comparadas con la gravedad de sus delitos. Tal vez, el ideal para las mayorías sería ver los jefes guerrilleros detrás de las rejas y despojados de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, no podemos olvidar que en una negociación ninguna de las partes iría a negociar su propia condena. Por más difícil y frustrante que sea para muchos colombianos, tendremos que tragarnos varios “sapos” en pro del objetivo sublime para nuestra patria: alcanzar la paz estable y duradera.
Las concesiones son necesarias para llegar a un acuerdo, lo que no se debe confundir con una “entrega del Estado” como lo han querido señalar los censuradores del proceso. Como bien lo describió recientemente la revista Semana, “a pesar de que efectivamente hay una alta dosis de impunidad, ésta es inferior a la de todos los procesos de paz firmados en Colombia en el pasado”, en referencia a los procesos con el M-19 y el EPL, cuando sin haber pagado un solo día de cárcel sus dirigentes pudieron hacer política en el país.
Más allá de lo que pueda pasar con los jefes guerrilleros, hay que considerar que en últimas el país saldrá ganancioso, no solo porque se garantizará el cese al fuego y la dejación de las armas, sino porque al implementarse el contenido de los demás acuerdos se atacará de frente las causas que ayudaron a alentar esta guerra de más de medio siglo: i) una reforma rural integral con un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos y un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad. ii) la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito que venían siendo el combustible para financiar para la guerra, además de la implementación de un plan frente al consumo de drogas. iii) la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas; habrá una jurisdicción especial para la paz, integrada por magistrados colombianos, que administrará justicia sobre quienes directa o indirectamente participaron del conflicto. iv) una apertura democrática que facilitará el surgimiento de nuevos actores políticos y romperá el dañino vínculo entre política y armas. Todo lo anterior es absolutamente necesario para sentar las bases de un país reconciliado.
Sabiendo que el balance neto será positivo para el país, como colombiano prefiero aceptar amargas concesiones que mantener vivo el fragor de la guerra, sin duda alguna, yo no me resisto a la paz.
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