Parece que el eficiente ejercicio de autoridad ambiental que ha venido ejerciendo Jorge Enrique Cardoso en la dirección Cortolima, tiene incómodos a algunos miembros de la señalada “Gavilla”. Terminando el año pasado, una persona que trabaja para un alto funcionario de la Gobernación demandó el proceso electoral en el que resultó reelegido Cardoso, aduciendo que dicha elección no se había realizado conforme a los tiempos establecidos por la Ley y que el acuerdo no fue publicado en el Diario Oficial. Dicha demanda estuvo seguida por otras dos, prácticamente sustentadas en los mismos argumentos. Hasta ahí parecían respetables y desinteresadas actuaciones ciudadanas.
Sin embargo, la semana pasada quedó claro que hay otros intereses detrás de las mismas. En la audiencia celebrada en el Consejo de Estado, los demandantes aparecieron representados por un prestigioso abogado de la ciudad, reconocido por liderar sendas embestidas jurídicas para “tumbar” al Contralor y Personero electos, y que actualmente tiene demandados a la mayoría de concejales de Ibagué. También apareció como apoderado de otro de los demandantes un abogado que al parecer es muy cercano a un exalcalde de la ciudad. Algo que también llamó la atención, es que la misma Directora Jurídica de la Gobernación, entidad que no tiene parte en el proceso, haya hecho presencia y solicitado el otorgamiento de personería jurídica para vincularse al mismo, petición que fue negada por el Consejo de Estado.
Contrario a lo que pareció un “grito de victoria” por parte de los demandantes -que incluso rayó en el irrespeto a la independencia del Honorable Consejo-, personas que estuvieron presentes afirman que la audiencia no les fue tan favorable como quisieron hacerlo parecer: a los quejosos no les fueron aceptadas varias pruebas testimoniales con las que aspiraban sustentar la demanda, tampoco la solicitud de reformarla para incorporar nuevos elementos, incluso, fue rechazada de plano por el Consejero de Estado la intención de los demandantes de vincular en el proceso el sonado caso del exsubdirector de calidad ambiental de la Corporación que fue sancionado por una supuesta participación indebida en política, algo que, claramente, no guarda relación alguna con la elección demandada sino que más bien corresponde a las competencias de la Procuraduría.
Todo parece indicar que hay fuerzas políticas y, porque no pensarlo, empresariales, interesadas en apartar a Cardoso como representante de la máxima autoridad ambiental del departamento. Al respecto quedan varias preguntas: ¿Quién estará pagando los honorarios del reconocido abogado apoderado, según dicen bastante onerosos?, ¿Tendrá algo que ver las posiciones asumidas por Cardoso frente a la minería a gran escala en el Tolima?, ¿Habrá algún interés indebido por parte de funcionarios de la Gobernación en este proceso?, ojalá más temprano que tarde salga a flote la verdad.
La autonomía del Consejo de Estado no debería verse comprometida por declaraciones precipitadas en los medios de comunicación locales, como las que se dieron inmediatamente terminada la audiencia. Por ahora habrá que esperar los resultados de los alegatos. Esperemos que la justicia obre en este caso que reviste una vital importancia para mantener encausada la importante gestión que se ha venido desarrollando en esa entidad.
Comentarios