Las noticias sobre corrupción en Colombia se toman a diario los titulares de los medios de comunicación. En la Guajira está próximo a ganar la Gobernación en las elecciones atípicas del 6 de noviembre, un amigo de los mismos políticos que están siendo procesados por casos de corrupción y criminalidad. En Girardot fue apresado el Alcalde y su antecesor por el delito de corrupción electoral. La semana pasada se conocieron recientes acontecimientos judiciales relacionados con el sonado caso del desfalco de los juegos nacionales de Ibagué. Los hospitales se los siguen robando, los subsidios y préstamos dirigidos a los más vulnerables llegan a manos de quienes menos los necesitan, las élites económicas siguen encontrando gabelas para enriquecerse a expensas de la sociedad, y los carteles de contratación continúan su expansión por muchas entidades y corporaciones públicas.
La corrupción es, ciertamente, uno de los principales problemas que más está afectando el desarrollo del país, para algunos, incluso más que el mismo conflicto armado. No solo resta competitividad y confianza inversionista, también profundiza las desigualdades sociales, deslegitima las instituciones y, lo peor, garantiza la permanencia en el poder político de quienes se sirven de ella.
Hace algunos días el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, hizo un crudo análisis de la realidad del país afirmando que “el Estado ha optado por seguir adelante y convivir con esa situación, sin confrontar la realidad”. También advertía sobre la grave amenaza que representa el flagelo de la corrupción para la democracia local, eso lo hemos visto claramente en Ibagué y el Tolima.
Ante semejante panorama, tal vez ya vaya siendo hora de tomar conciencia y actuar. Si bien se espera que la justicia colombiana opere de forma eficiente frente a todos los casos en que se haya atentado contra el erario público, la sociedad tiene que entender que en sus manos recae la mayor responsabilidad. La gente tiene, a través de su voto, el poder para sacar de juego a los corruptos y sus amigos. Las elecciones no pueden seguir siendo regidas por simples transacciones en las que quienes se han robado los presupuestos públicos comparten su botín con otros que lo único que les interesa es mantener en el poder a quienes pueden compartirles algunas migajas. Aunque suene idealista, los candidatos deben ser medidos en virtud de su trayectoria, sus ideas y propuestas, por las causas que defienden, no por la cantidad de dinero que tengan para financiar la campaña o por la élite política a la que represente. Nada ni nadie puede competir en igualdad de condiciones para llegar a los cargos de elección popular, si su contrincante está soportado en aquellas estructuras que han llenado sus alforjas a partir de prácticas corruptas.
Ya es suficiente. La justicia debe demostrar que ser corrupto no paga, pero la ciudadanía también debe ejercer la respectiva sanción contra quienes han abusado del poder, de lo contrario, como bien lo dijo Martínez acerca de los corruptos, “finalmente habrán de capturar la vida nacional para imponer su filosofía”.
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