La estrategia de los pro mineros ha sido clara: acudir a todas las acciones legales con el fin de dilatar la realización de la Consulta Popular y desgastar la movilización social que se ha consolidado en torno a la defensa del agua de los ibaguereños.
Primero trataron de impedir que la iniciativa fuera aprobada por el Concejo Municipal bajo el argumento que esta corporación ni el Alcalde tenían competencia para convocarla, como no funcionó, enfilaron baterías hacia el H. Tribunal Administrativo para argumentar una supuesta falta de constitucionalidad; luego, al haber surtido positivamente todas las instancias y teniendo fecha definida para ir a las urnas (el pasado 30 de octubre), elevaron los ataques jurídicos a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, alegando vulneración de derechos colectivos, fallas en el debido proceso y una presunta falta de competencia de las autoridades locales para vetar la gran minería en el territorio.
Pese a las trabas y trampas que han tendido sobre el avance de la Consulta Popular, las altas cortes han coincidido en que el proceso que se adelanta en Ibagué se ciñe al marco legal y constitucional.
El fallo de la sala quinta del Consejo de Estado no “tumbó la Consulta” como en su momento dijeron muchos medios de comunicación, más bien ratificó que “el Alcalde puede promover la iniciativa de consulta popular sobre la posibilidad de desarrollar actividades y proyectos mineros” y ordenó que sea nuevamente el Tribunal Administrativo del Tolima quien decida sobre la constitucionalidad de la pregunta.
Para infortunio de quienes asisten a leguleyadas para tratar de parar la Consulta, el Alcalde de Ibagué ya manifestó su intención de seguir adelante con el proceso, decisión que celebramos todos los que creemos en los instrumentos de participación ciudadana como el mejor camino para tomar decisiones trascendentales para nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones.
¿Qué sigue? El H. Tribunal deberá nuevamente conceptuar sobre la constitucionalidad de la pregunta y, aunque ya la había aprobado, es posible que a la luz del fallo del Consejo de Estado solicite modificarla; de ser así, le correspondería al Alcalde presentar una nueva pregunta y al H. Concejo Municipal aprobarla.
El camino seguirá empedrado, es muy posible que sigan lloviendo tutelas o cualquier otro tipo de acciones que pretendan hundir la iniciativa popular, no obstante, la temible amenaza de que más de 42 mil hectáreas que ya están concedidas en títulos mineros (mayoritariamente sobre la cuenca del río Combeima) puedan convertirse en el futuro en minas a cielo abierto, poniendo en riesgo el agua y la salud de los ibaguereños, obligan a cualquier actor social y político a continuar la lucha por la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano.
Lo que está en juego es, ni más ni menos, la posibilidad de que el pueblo soberano decida lo que quiere para las próximas generaciones, sin imposiciones ni amenazas, sin consideraciones diferentes a lo que nos conviene para nuestro futuro común; está claro que ni el oro ni la plata podrán garantizarnos lo que necesitamos como sociedad, por eso no podemos permitirnos poner en riesgo lo verdaderamente valioso.
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