El próximo domingo los cajamarcunos tendrán que decidir en las urnas si quieren convertirse en un pueblo minero o si, por el contrario, prefieren mantener el honroso título de despensa agrícola de Colombia. La Consulta Popular minera, que podría parecer de alcance local, realmente tiene el potencial de convertirse en un hecho que parta en dos el modelo de desarrollo que se ha propuesto en el país. Desde que empezó la feria de títulos mineros en el primer gobierno de Uribe Vélez, las arbitrariedades del Gobierno por impulsar los famosos proyectos mineros de interés nacional empezaron a causar conflictos sociales en toda Colombia. Basta con citar casos como el del Páramo de Santurbán, el Quimbo, Marmato o el desvío del río Ranchería en La Guajira, para entender que poblaciones enteras quedaron expuestas a sufrir daños irreparables en su estructura social y sus activos ambientales, como consecuencia de la llegada a toda costa de proyectos minero-energéticos promovidos desde el nivel central.
A pesar de las movilizaciones, denuncias ciudadanas y el lobby que tímidamente ha ejercido uno que otro político, ha sido imposible zanjar las amplias diferencias que existen entre la forma como se ve el desarrollo desde Bogotá y como lo vemos en las regiones. Ahí aparece Cajamarca como la esperanza de los millones de colombianos que entendemos que el desarrollo económico debe respetar los derechos fundamentales de la gente, sobre todo el de elegir de forma autónoma lo que quiere para su futuro y el de las generaciones venideras.
Lo que pase el 26 de marzo en Cajamarca marcará un hito en la historia del país: si gana el ‘No’, se habrá caído para siempre el proyecto de minería de oro más ambicioso que hasta ahora se haya pretendido desarrollar en Colombia -La Colosa-, esto es, porque los resultados de la Consulta Popular se convierten en un mandato de obligatorio cumplimiento para el Alcalde de turno. También habrá quedado por sentado que los territorios sí pueden parar proyectos extractivos cuando estos contravengan los intereses generales de la población, no solo por la competencia de ordenar el uso del suelo, sino también por alcanzar un nivel superior de empoderamiento ciudadano que les permite decidir libre y soberanamente sobre como procurar su propio desarrollo.
Este domingo no solo estará en juego el futuro de Cajamarca: en el medio están siete municipios que en mayor o menor medida dependen del agua del río Coello (incluido Ibagué), y más allá, el futuro del país. Después de un ‘No’ rotundo de los cajamarcunos a la pregunta “¿Está de acuerdo si o no con que en Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”, la gobernanza en minería tendrá que replantearse, el Gobierno se verá obligado a ello. Por eso no queda más que esperar la solidaridad de los cajamarcunos para con todo el país y que, ante las múltiples denuncias que señalan intentos de entorpecer la jornada electoral, las autoridades actúen oportunamente para garantizar la transparencia en esta histórica y trascendental Consulta Popular.
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