La lucha por blindar a Ibagué de futuras explotaciones mineras contaminantes está a punto de concretarse. El Gobierno de Ibagué en conjunto con un buen número de concejales de la ciudad, previa concertación con el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, decidió dar trámite ante el Cabildo Municipal del proyecto de acuerdo que establece “prohibir en la jurisdicción del Municipio de Ibagué el desarrollo de actividades mineras de metales y la gran y mediana minería de los demás minerales”.
Aunque durante años se impulsó la iniciativa de la Consulta Popular como el mecanismo políticamente más robusto para vetar la minería en la ciudad, las trabas y dilaciones propiciadas por los amigos de la gran minería estaban dejando en el limbo el propósito fundamental de librar a Ibagué, de una vez por todas, de que muchos de los títulos mineros que actualmente están vigentes en la ciudad y que abarcan más de 40 mil hectáreas, algún día pudieran convertirse en minas a cielo abierto que, por todos los impactos que trae consigo, terminarían por deteriorar dramáticamente el equilibrio ecológico y social de nuestro territorio.
La amenaza minera en Ibagué es real: las áreas tituladas se ubican principalmente en zonas abastecedoras de agua como las cuencas de los ríos Combeima y Cocora, este último donde se construye el acueducto complementario; muchas de ellas se sobreponen en zonas de Páramo, amenazando de manera critica el ciclo hidrológico y la estabilidad de ecosistemas altamente vulnerables.
Además, otro importante número de solicitudes de títulos mineros hacen tramite en la Agencia Nacional de Minería, en caso que fueran adjudicados podrían abarcar otras 30 mil hectáreas de territorio, lo que dejaría a Ibagué con casi la mitad de su extensión titulada para la actividad extractiva.
No obstante, lo que se pretende prohibir es la minería contaminante, por cuanto toda la minería de subsistencia –la que explota arenas, gravas, metales y piedras preciosas, por medios y herramientas manuales y sin utilizar agentes contaminantes-, podría seguirse desarrollando en territorio ibaguereño.
Tampoco se vería afectada la industria de la construcción, lo que prohíbe el acuerdo son las actividades de prospección, exploración y explotación de minería de metálicos y de gran y mediana minería de los demás minerales, por lo que las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de materiales de construcción podrían desarrollar operaciones en la ciudad.
Antes que termine el mes de julio Ibagué será declarada una ciudad libre de minería contaminante, una vez el Honorable Concejo haya votado y aprobado la iniciativa. La decisión trascendental de una ciudad capital de bloquearle definitivamente el paso a la locomotora minera, deberá no solamente tener efectos locales sino también motivar un cambio de dirección en la política minera a nivel nacional, continuar imponiendo desde Bogotá la visión de desarrollo de los pueblos no es conveniente ni pertinente.
Será una victoria del pueblo, de la gente que prefiere conservar el agua y los recursos naturales por encima de cualquier rédito económico, del movimiento ambiental que ha luchado durante años por lograr preservar el derecho colectivo a un ambiente sano, de la clase política en cabeza de los H. Concejales que en medio de las diferencias han encontrado un lugar común y, por supuesto, del Gobierno de Ibagué que ha sido coherente y consistente en la defensa del agua como pilar de desarrollo.
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