Los partidos políticos tradicionales parecen jugados a no dejar pasar las reformas que está impulsando el Gobierno. La de la salud pretenden hundirla a punta de garrote bajo el anuncio de sanciones a los congresistas que la apoyen. La laboral y pensional ya tienen una declaratoria de guerra por parte del jefe de Cambio Radical y otros “dueños” de la política del país, que se han armado de un santiamén de argumentos para justificar su oposición. 

El Gobernador del Tolima se unió al saboteo que armaron varios gobernadores pertenecientes a clanes políticos para ajusticiar al Presidente de la República por el intento de crear condiciones para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, mediante un cese bilateral del fuego que pudiera parar las balas de manera inmediata.

Con tantas necesidades en materia de infraestructura vial, es un verdadero infortunio que finalmente esta administración haya terminado comprometiendo multimillonarios recursos para construir un paso elevado que nadie estaba pidiendo y que nunca apareció como una prioridad dentro de los estudios de movilidad y espacio público.

Las proyecciones económicas para el 2023 habían mostrado un panorama sombrío, por eso el Presidente Petro tomó decisiones tempranas y ha venido motivando a que otros también las tomen, a fin de no dejar hundir la economía colombiana en una crisis que podría traer consecuencias insospechadas.

El Presidente Gustavo Petro fue elegido para impulsar una agenda de cambio y eso está haciendo. El gran temor del establecimiento del país, que por todos los medios trato de impedir que fuera presidente, se fundaba en que sabían que una vez estuviera al frente del poder empezaría una serie de reformas estructurales que, por supuesto, tocarían todo tipo de intereses. Hoy esas iniciativas de reforma están bajo ataque y han despertado los instintos más bajos de quienes se resisten al cambio.

Una constante histórica en Colombia es la desactualización del catastro. En la mayoría del territorio nacional pasan años y décadas sin que se actualice el valor de cada predio urbano o rural, lo que impide que los municipios puedan tener mayores ingresos por concepto de impuesto predial, pero que también genera incentivos perversos que terminan en una abrumadora inequidad en la distribución de la tierra y condiciones inapropiadas para el uso y desarrollo del suelo.

Si Colombia votó el año pasado por un cambio verdadero que ya se empieza a cristalizar con las reformas del presidente Petro, en el Tolima también debemos apostarle a que el nuevo Gobierno que será elegido en octubre encarne ideas y propuestas de cambio y transformación.

El año pasado los colombianos sufrimos el alza de precios mas alta de los últimos 21 años: 13.2%. Los dos principales gastos que mas impulsaron la carestía fueron los alimentos (4.88%) y los servicios públicos junto con el costo de alojamiento (2.25%). Afortunadamente el Presidente Petro está decidido a actuar para disminuir la inflación en estos dos gastos.

Ciertamente al Tolima no le ha ido tan bien durante los últimos años como lo vocifera quien ha estado al frente del poder. La retórica, escritos y discursos pueden con todo, menos con ocultar o cambiar las realidades que se evidencian en los indicadores objetivos del desarrollo. Basta una mirada a las estadísticas oficiales para comprobar las grandes brechas entre lo que dicen y lo que hacen.

En la disputa entre el Alcalde de Ibagué y un sector de propietarios de busetas los únicos que han terminado perdiendo son los ciudadanos ibaguereños. El aumento desmedido de 300 pesos en la tarifa de las busetas que empezará a regir a partir de esta semana, responde a una concesión ligera que el Alcalde le habría dado a los transportadores durante el paro de busetas de diciembre, a fin de conjurar el bloqueo que habían instalado por toda la ciudad y, sobre todo, poder seguir campante con la contratación del operador del recaudo, que parece es su único interés.