Los diálogos, las víctimas y el desarrollo rural

No cabe duda de que todos los colombianos estamos cansados de más de medio siglo de violencia y de sus trágicas consecuencias, y que por lo tanto anhelamos la paz. Ante este deseo de un país sin guerra, las conversaciones adelantadas por el Gobierno y las Farc se han mostrado como una oportunidad de avanzar hacia el fin del conflicto armado.

No cabe duda de que todos los colombianos estamos cansados de más de medio siglo de violencia y de sus trágicas consecuencias, y que por lo tanto anhelamos la paz. Ante este deseo de un país sin guerra, las conversaciones adelantadas por el Gobierno y las Farc se han mostrado como una oportunidad de avanzar hacia el fin del conflicto armado, pero debemos preguntarnos si realmente este el camino correcto. 

Hace algunos días, el instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah) publicó un informe en el que menciona que la realidad humanitaria no ha mejorado durante las conversaciones, siendo esta una de las consecuencias de dialogar en medio del conflicto. 

A esto se suma que gracias a que la atención nacional e internacional se está centrando en el seguimiento de los diálogos y en la posibilidad de llegar a un acuerdo, las problemáticas a nivel humanitario están siendo invisibilizadas, aumentando así el olvido a las víctimas y las poblaciones vulnerables, lo que además se ha visto reflejado en la disminución de los recursos para fines humanitarios que recibe Colombia de organizaciones internacionales.

Por lo tanto, es fundamental reflexionar acerca de si realmente hay voluntad de poner fin al conflicto por parte de las Farc, cuando no han manifestado un compromiso con acciones humanitarias elementales, como no reclutar niños, no usar mujeres como armas de guerra, colaborar para el inicio de un proceso de desminado en el país y dejar definitivamente de cometer secuestros. 

El tema de las víctimas del conflicto es quizá uno de los más complejos. Son aproximadamente 5.5 millones de colombianos (según cifras reveladas por la Revista Semana) quienes han sufrido los vejámenes de la guerra y que ante todo tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

En ningún caso puede haber impunidad ni olvido de los crímenes cometidos por los grupos armados, y para esto es fundamental una institucionalidad fuerte y un verdadero compromiso por parte del Gobierno. 

Entonces, preocupa que en medio del proceso de reparación que se ha iniciado con la restitución de tierras a algunas de las familias desplazadas, se estén presentando amenazas a los líderes del proceso, como las denunciadas recientemente en el departamento de Antioquia. Es urgente fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas que se encuentran reclamando por el derecho a recuperar su tierra: su medio de trabajo y su hogar. 

Ahora bien, a propósito del acuerdo alcanzado en el primer punto de la agenda de los diálogos de paz, debemos tener presente que las acciones necesarias para lograr el desarrollo del campo colombiano deben estar en la agenda de gobierno, y que por lo tanto se llegue o no a un acuerdo final con las Farc, el Estado tiene la responsabilidad de trazar un programa que impulse el sector agropecuario y agroindustrial. 

Un sector que solo está aportando el 2.6 por ciento del PIB del país, pero del que dependen muchas de las familias colombianas y que tiene tanto potencial para ser explotado, requiere de una agenda que guíe su desarrollo, no solo económico sino también social, a través del fortalecimiento tanto de la agricultura empresarial a gran escala, como de la producción de los pequeños productores campesinos, con el fin de llevar a la economía por el camino del crecimiento potencial y mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes del campo colombiano. 

Credito
MARTA LUCÍA RAMÍREZ Exministra de Defensa Nacional

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