El POT, en plata blanca

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) fue aprobado en Ibagué mediante Acuerdo 116 del año 2000. Es hermano mayor del Manual de Usos del Suelo, llegado a este mundo jurídico en el 2002 (Acuerdo 009) y sus reformas. Estos, se integran en familia con las leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y otras tantas de contenido municipal y nacional que propenden por la planeación urbana, el desarrollo ambiental sostenible y el adecuado uso del suelo y desarrollo de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios.

Su correcta aplicación, vigilancia y control ha sido encomendada a alcaldes, concejos, corporaciones autónomas regionales, curadurías urbanas, Procuraduría Ambiental y Agraria, entre otros entes estatales.

De ahí la sorpresa causada por la denuncia pública hecha por el señor director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, quien acusa a la Administración municipal en cabeza de Luis H. Rodríguez, de haber favorecido a propietarios de tierra con modificaciones no pactadas con la autoridad ambiental e introducidas en el Decreto 823 de 2014, modificatorio del POT.

Y causó sorpresa, porque precisamente esta institución durante los tres lustros de vigencia de la normativa, no solo ha permitido, sino que ha coadyuvado al desastre ambiental y urbano que hoy padece Ibagué, favoreciendo a constructores, urbanizadores y propietarios de la tierra.

Lo denunciado por Cardoso sucede en Ibagué desde antes y después de la aprobación del POT (Año 2000). Porque es parte del gran negocio de la tierra y la construcción, con el que las referidas entidades de control, aplicación y vigilancia, omiten el cumplimiento de su deber funcional.

Así, se incorporan inmuebles rurales al suelo urbano o de expansión urbana, se fortalece la construcción en vertical (Hacia arriba) y se permite la urbanización en zonas de mitigación ambiental o sobre zonas de protección o reserva hídrica.

De ahí, que en los 15 años de vigencia del POT y los seis de existencia del Manual de Usos del Suelo se hayan incorporado al territorio urbano de Ibagué más de mil 500 hectáreas provenientes del área rural y con la revisión y actualización del POT (Decreto 823 del 23 de diciembre de 2014) se pretenda incorporar otras mil hectáreas, aproximadamente.

Incorporación que multiplica el valor de los inmuebles incorporados, sin que al Municipio ingresen los dineros por participación (30 por ciento) de la plusvalía, conforme lo establece el artículo 394 del POT, el artículo 3 del Acuerdo 02 de 2014, concordantes con el artículo 79 de la ley 388 de 1997

Situación similar ocurre con la construcción hacia arriba o vertical, incrementada en los últimos 10 años por la evidente corrupción disimulada, al permitirse por parte de la Gestora Urbana que los dineros a pagar por la compensación de zonas de cesión (De espacio púbico, sistema vial o parques y zonas verdes) se liquiden y paguen conforme a avalúos de entidades privadas o asociaciones profesionales (Que favorecen al constructor) y no por el valor comercial del metro cuadrado vendido al consumidor final, como debe ser.

Amén, del uso indebido que se viene dando a los ingresos recibidos, que harían parte del denominado Fondo de Compensación, con destinación específica para la ampliación y recuperación del espacio público y la inversión en vivienda de interés social (Artículo 85 ley 388 de 1997) y que por la alcantarilla son dilapidados lejos de su real destinación legal.

Pero el mayor mal a la ciudad y los ibaguereños presentes y futuros, se produce cuando se permite que urbanizadores y constructores realicen actuaciones urbanísticas sobre áreas de mitigación ambiental o rondas hídricas, de manera ilegal, y en manifiesta oposición a la visión plasmada desde el mismo POT (Artículo 13 Acuerdo 116 de 2000) que futuriza a Ibagué como “un municipio cabecera de aguas”.

Cortolima, no solo ha desviado la vista cuando está ocurriendo este desastre ambiental, sino que coadyuva con su actuación omisiva sancionatoria, cuando son los grandes constructores o urbanizadores los dueños y ejecutores de estas actuaciones urbanísticas.

Algo está pasando cuando este elefante blanco se despierta para denunciar hechos ilegales con los cuales ha convivido durante tres lustros y sobre todo, cuando son cometidos por sus mismos socios.

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