La historia nos recuerda cómo en el año 1606 el español Juan De Borja, militar de carrera que presidía la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, se trasladó a Chaparral a gobernar desde allí para facilitar la ejecución de su política de exterminio de los indios Pijao. Si bien es cierto no consiguió la eliminación física de todos, los que sobrevivieron tuvieron que sufrir el destierro.
Hoy, los descendientes de esta raza bravía sufren la persecución y discriminación de quien se cree de pura sangre española y sobre parte de esa misma geografía - hoy conocida como San Antonio de Calarma - ejecuta una política similar a la del tristemente célebre integrante de la familia Borgia.
Escudado en su calidad de alcalde municipal, el émulo de Juan De Borja pretende acabar con el resguardo indígena anclado en la vereda Villa Hermosa en el pie de monte del empinado cerro Calarma, impidiendo que el cabildo ejecute los recursos transferidos por el Gobierno nacional de los años 2013, 2014 y 2015, propiciando la división de la parcialidad y coadyuvando a su desalojo de la hacienda “Las Delicias” que ocupan hace más de 15 años y que antes era territorio utilizado para narcocultivos.
La ira desatada por el señor Luis Fernando Rincón Roa, alcalde de San Antonio, tiene origen en la recta actitud que en el Concejo municipal asumió el integrante de esa comunidad indígena, Dumar Arcadio Olaya, quien después de recibir autorización de la asamblea general del resguardo, decidió no seguir acompañando la corrupta administración que durante dos años los engañó e incumplió los compromisos adquiridos con ellos en época electoral.
Como represalia, Rincón Roa apoyó y posesionó un cabildo paralelo al interior del resguardo, se alió con la ex representante a la Cámara Isabel Cristina Melo (Oriunda de ese municipio y reclamante de la hacienda) y bajo la orientación y apoderamiento del notario séptimo encargado de Ibagué, Néstor Fernando Vargas (Quien ejerció como representante judicial estando con funciones de notario) hacen hasta lo imposible para desterrar a los indígenas de un predio que empezaron a poseer recién destruido por las fumigaciones de glifosato que hacía el grupo antinarcóticos y con arduo trabajo han logrado convertir en tierra de buena producción agrícola y pecuaria.
No contento con esto, el alcalde la emprendió contra el concejal que le acabó sus mayorías al interior de la Corporación y en intentos fallidos buscó hacerlo suspender disciplinariamente y encarcelarlo con fallos amañados del fenecido Tribunal Indígena del Tolima, lo que le costó el reproche y rechazo del mismo Ministerio del Interior y una causa penal ante la fiscalía seccional de Chaparral por Fraude Procesal y falsedad en documento público.
Pero sus actos de ira, odio y discriminación no terminan ahí. Agobiado por los resultados adversos de sus malignas actuaciones, decidió castigar las 70 familias que integran la parcialidad y mediante decisiones ilegales y despóticas no ha permitido que el cabildo, máxima autoridad tradicional del resguardo, ejecute los recursos por más de 170 millones de pesos que están en cuentas de la alcaldía y que han sido consignados por el ministerio de Hacienda por concepto de transferencias del Sistema General de Participaciones de los años 2013, 2014 y 2015.
Recursos que son de propiedad del resguardo y que están destinados al pago del transporte escolar de niños y jóvenes de la parcialidad (Quienes deben ir y venir a pie a una distancia de 12 kilómetros), a la compra de sus uniformes, mejoramiento de vivienda, apoyo nutricional del adulto mayor, niños y madres gestantes y lactantes, inversión en salud, apoyo a proyectos productivos, entre otros sectores de inversión.
Es tan grave en la actualidad la situación económica de esta parcialidad, que el concejal indígena Dumar Arcadio Olaya, en palabras castizas la describe así: “Antes al menos comíamos mierda, pero este alcalde bandido llegó y nos la quitó”.
Grosera la definición, pero con mucho acierto y realidad.
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