Que un fiscal se equivoque en la fecha al realizar un oficio, en digitar una dirección o escribir correctamente el nombre o apellido de un funcionario, investigado o acusado, puede parecer algo circunstancial o anecdótico.
Pero que a la hora de elaborar el formato para librar una orden de captura escriba mal los números de la cédula del ciudadano encartado judicialmente, bajo la égida del procedimiento escritural establecido en la ley 600 del 2000, despierta muchas sospechas.
Muchas más si la persona a capturar es compinche de su padrino político (quien lo hizo nombrar en la Fiscalía) y de amigos personales oficiales de la Policía, que fueron destituidos de la institución por ser cercanos al confeso delincuente.
Pero es que el señor Kirov Leonidas Rojas Oviedo, no solo cometió este desliz, sino que hechos posteriores al referido evento, no solo ponen en entredicho sus actuaciones como fiscal de la Regional del Tolima, sino que lo delatan, poniendo en entredicho y en tela de juicio su idoneidad y rectitud funcional.
Solo un par de años después de librar la fallida orden de captura contra Eduardo Restrepo Victoria, Rojas Oviedo, utilizando documentos apócrifos (marzo de 2006), “allanó” las instalaciones de la Seccional de la Inteleigencia de la Policía del Tolima y capturó de los computadores de este organismo toda la información que allí reposaba sobre el personaje.
Y no contento con esto, utilizó esquiroles de la institución para abrir una causa criminal - siendo incompetente- contra los únicos dos oficiales de la Policía que en los últimos 10 años habían hecho algo por develar las andansas del beneficiario del “error”, remitiéndola luego a la Justicia Penal Militar.
Tiempo después, se habría de ordenar la preclusión y archivo de las investigaciones penales contra el general Luís Gilberto Ramírez y el hoy coronel Hernán Silva Calderón, por no tener sustento y fundamento alguno las diligencias remitidas por el personaje de marras.
Pero si como todo lo anterior no bastara para entender cómo iba el agua al molino, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al proferir la condena contra su padrino político, el exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, por tener nexos con organizaciones criminales, ordenó compulsar copias para que se investigara al susodicho fiscal por existir evidencias que lo vinculaban con paramilitares, conforme a dichos de los mismos excombatientes desmovilizados.
Pero hay dos ñapas: Una, su reiterada participación como fiscal en hechos que resultaron como “falsos positivos” del Gaula del Ejército y el DAS del Tolima, siendo el más notorio, el del asesinato del testigo Nelson Herney Castañeda Martínez; la otra, su descarada y parcializada intervención en la investigación penal contra el exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez, a la que hace alusión hoy el diario EL NUEVO DÍA, donde es el mismo Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal, el que cuestiona y pone en entredicho su nefasta actuación como fiscal.
Demasiadas evidencias, ¿verdad?
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