Más de 50 años hubo de pasar para que la Rama Judicial abandonara el sistema de cooptación puro en la designación de los magistrados de las cortes, consistente en que ellos mismos postulaban y elegían a sus pares cada vez que se presentaba una vacancia definitiva.
El sistema originó un concentrado poder de amigotes, familias y condiscipulos de universidades que bastante desprestigio produjo a esta importante rama del poder público.
La Constitución de 1991 quitó a los magistrados la facultad de postulación, entregándola al naciente Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa, conservando los magistrados de la jurisdicción ordinaria y el Consejo de Estado el poder de elección, ya que la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, creados por la misma reforma, tienen como electores al Congreso y las mismas Cortes.
Esta medicina aplicada a la Justicia resultó más dañina que la misma enfermedad que se pretendía eliminar.
El roscograma se amplió, adhiriéndose al mismo la clase política representada en el Congreso y el poderoso Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, a la que se le entregó poderes para presentar las listas de magistrados a elegir y el absoluto manejo del presupuesto de la Rama Judicial.
Conscientes del monstruo creado y permeneciendo el infortunio en la Justicia, hubo un primer intento de reforma judicial que premeditadamente abortó una camarilla de congresistas a quienes se encomendó la misión de conciliar los puntos en discordia del Acto Legislativo reformatorio (junio de 2012), hundiendo esta posibilidad en defensa de sus claros intereses como beneficiarios directos de la estructura que se pretendía reformar.
Un segundo intento logró sortear con éxito su trámite en el Congreso (Acto Legislativo 02 de 2015), pero esta vez es la Corte Constitucional la que al resolver una demanda de inconstitucionalidad deja incólume la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminada con la reforma al igual que la Sala Disciplinaria, manteniendo viva la matrona del nuevo roscograma judicial, pues el padre es la politiquería nacional representada en el Congreso.
Es un secreto a voces que la Corte Constitucional hará lo mismo con la nefasta y corrupta Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al resolver acción similar de inconstitucionalidad contra el Tribunal de Aforados, retornando el poder de investigación y acusación del presidente y altos dignatarios del Estado a un reducido grupo de representantes a la Cámara, traficantes del poder, de puestos y favores en la Justicia.
Para la muestra un botón: la cuota burocrática que en la Fiscalía, Consejos Seccionales de la Judicatura y la Rama Judicial ha adquirido el indigno representante por el Tolima Carlos Eduard Osorio (coautor del hundimiento de la primera reforma), que le ha servido para mantener alejado el castigo para sus compinches políticos que durante tres lustros han saqueado el presupuesto de Ibagué.
Así, solo es posible una Asamblea Constituyente, porque el monstruo judicial sigue vivo y nunca se autorreformará.
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