Causó revuelo periodístico y político la lectura del fallo condenatorio contra Amaury Elías Blanquicet, testaferro de Orlando Arciniegas Lagos, dentro del proceso judicial por las frustradas obras para los Juegos Nacionales en Ibagué.
Todo debido a la lectura pública que hizo el juez de conocimiento de apartes importantes del interrogatorio rendido por Blanquicet ante la fiscal Zeidy Janeth Izquierdo y que develan parte del entramado criminal orquestado por los exservidores públicos para apoderarse de un cuantioso botín. Aunque la versión y delación fue rendida en junio, su contenido total va más allá de lo divulgado y consignado en el preacuerdo realizado entre la fiscalía y el hoy confeso culpable.
Desde esta misma columna -el 14 de agosto del presente año- advertimos que existían nuevas órdenes de captura contra otra parte de los actores principales, poco después de confrontarse por los sabuesos del CTI la verdad y eficacia de la declaración rendida por Blanquicet. Decisión que solo la semana que hoy concluye se hizo pública ante la huida de los afectados con la medida de aseguramiento proferida por el juez de control de garantías.
Pero independiente de las razones o motivos que pudo tener la Fiscalía para su inejecución, lo trascendente es que ya, y aunque sea gota a gota, se va poco a poco llenando el cántaro de la verdad del mayor delito cometido contra los intereses y la dignidad de los ibaguereños.
Aún a medio llenar, éste cántaro ya exhibe optimismo respecto a la ruptura de la impunidad reinante en el Tolima durante tres lustros de accionar de esta delincuencia organizada. La presión social y mediática regional y nacional debe seguir hasta que todos los hechos delictuales cometidos desde 2001 -así hayan prescrito algunos- sean conocidos y sancionados penal, política y/o socialmente.
El cartel del Tolima, del que es pieza angular Arciniegas Lagos, debe quedar al descubierto y ser castigado, no solo por los delitos cometidos en Ibagué, sino por la réplica ídem del actuar y proceder delictual que han hecho en otros municipios del departamento. Ya el confeso testaferro y coautor ha hecho partícipe a la fiscalía de algunos de ellos. De los cuales también se ha advertido en esta columna y desde otros medios de comunicación.
Honda, Mariquita, Natagaima o entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima y el Ibal fueron también plato fuerte saboreado por estos comensales del delito.
Que no tiemble la mano a la Fiscalía para llegar a los políticos que hacen parte del cartel. Exalcaldes, representantes a la Cámara y hasta un exsenador de perrero en mano deben ser investigados y castigados. Solo así tendremos una verdad total.
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