@jiramirezsuarez
Dos aislados hechos, pero coincidentes, son mal presagio del futuro que puedan tener las investigaciones penales por la defraudación al erario por las obras de construcción y remodelación de los escenarios para los pasados Juegos Deportivos Nacionales en la subsede de Ibagué.
El primero, la aceptación de la renuncia “protocolaria” a la Jefe Jurídica del Municipio, que el Alcalde había exigido a sus secretarios por intermedio del alcalde (e) Hugo Ernesto Zárrate.
El segundo, el oficio que con el carácter de “urgente” envió el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hace pocos días a la directora Seccional del Tolima, para que se cumpliera un taller de vigilancia y control a los procesos adelantados por las fiscalías 22 y 34 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, contra elex alcalde de Piedras Arquímedes Ávila Rondón.
Las razones son muy sencillas. Si bien es cierto en el Tolima se adelantan varias investigaciones penales contra los tres últimos alcaldes de este municipio, incluido su alcalde actual, la eficaz y diligente actuación del Fiscal General, que debe ser una norma y no la excepción, es una luz fácilmente perceptible pero que desentona dentro de la oscuridad total que han tenido y tienen investigaciones de mayor relevancia e importancia en nuestro departamento.
Está bien que así actúe Néstor Humberto Martínez o cualquiera de sus subordinados. Pero inentendible e inconcebible que después de tres meses de anunciarse 22 nuevas capturas por el desfalco de los Juegos Nacionales, éstas no hayan ocurrido, y, por el contrario, se hayan caído los preacuerdos que soportarían probatoriamente los cargos a los verdaderos gestores y capos de los ilícitos investigados.
Si la función constitucional y legal de la Fiscalía es investigar los delitos, identificar los autores y lograr que la Rama Jurisdiccional sancione adecuadamente a los hallados responsables, ¿cuál es la razón señor Fiscal para que ésta no sea una función institucional generalizada en el territorio nacional?
Si ustedes mismos, con su Director Nacional de Fiscalías Seccionales, declararon que estas investigaciones son una prioridad nacional, ¿cuál es la razón para que ahora olviden que una bacrim se ha venido timando al Tolima en los últimos 15 años?
Y en coincidencia, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se inventa una crisis de gabinete, para justificar la salida de la funcionaria que con sobrada razón exige a las fiscales del caso, las mismas 22 y 34, que produzcan prontos y eficaces resultados, quedando la representación del municipio en manos de dos imberbes abogados.
COLETILLA: Los concejales Bolívar y Delgado se abstuvieron de demandarme. Sin embarg,o el portal El Olfato entregará mañana un adelanto de las razones que los llevaron a ello.
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