En diciembre pasado en Ciudad de Panamá, un equipo de fiscales de Brasil recibió el ‘Premio Anticorrupción 2016’, dentro de la XVII Conferencia Internacional de lucha contra la corrupción que allí se efectuaba.
Deltan Dallagnol, fiscal coordinador de la “Operación Lava Jato”, como se identifica en Brasil al grupo, fue el encargado de recibirla y explicar en la ceremonia sus logros, dificultades y numerosas amenazas.
Lava Jato desentrañó uno de los mayores casos de corrupción el mundo, que también involucra a servidores públicos y privados colombianos. En Brasil se han producido más de 120 sentencias judiciales equivalentes a penas que sumadas superan los 1250 años de prisión, contra empresarios y funcionarios estatales por corrupción en la estatal Petrobrás y dineros recibidos por la transnacional Odebrecht.
Justo cuando recibían el merecido homenaje, en su natal Brasil, el Congreso discutía leyes impulsadas por los partidos mayoritarios que buscaban ahogar la labor de los fiscales. Y no era para menos: muchos de los diputados federales y senadores que deliberaban buscaban legislar en causa propia para evitar que trascendiera la maligna confabulación entre empresarios, congresistas y partidos políticos que habían capturado el erario en beneficio de sus causas políticas, familiares y personales.
Dineros, que posteriormente fueron remitidos a paraísos fiscales de la misma sede de la conferencia (Panamá), mediante la creación de sociedades “offshore” y que fueron descubiertas gracias a la filtración periodística internacional conocida como ‘Panamá Papers’ y en la que estaba involucrada la firma Mossack Fonseca, cuyos socios ya hacían parte de los vinculados al caso Lava Jato.
En Colombia, la red de corrupción de la empresa Odebrecht se conoció por la información y pruebas suministradas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y gracias a ello se producen las primeras condenas.
Ya Odebrecht ha salpicado a varios presidentes y expresidentes de América Latina, incluida Colombia. Y contra algunos de ellos ya hay capturas y condenas.
Sin embargo nuestra Justicia, igual que ha sucedido con casos de corrupción similar, no aplica por la injerencia excesiva del poder de los partidos políticos en la Rama Judicial, conforme ha quedado demostrado una vez más con la revelación de la red mafiosa montada por magistrados, congresistas y abogados que lideró el tristemente célebre fiscal anticorrupción Luis Alberto Moreno.
La red tiene sus tentáculos en el Tolima, con congresistas que desde las comisiones primera constitucional y de Acusación han construido un poderoso teflón que tiene aislada la aplicación de Justicia para casos de aberrante corrupción departamental y municipal.
Por eso admiramos infinitamente a los fiscales del caso Lava Jato, mientras rechazamos la actuación vergonzante de muchos de los nuestros.
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