Quienes pertenecemos a la generación de la violencia, debemos reconocer que nuestra lucha social y política desplegada durante tres décadas (1970 a 1990) tratando de sepultar la Democracia Representativa para que el Estado se vuelva eficaz, eficiente, equitativo y recto en el manejo y la distribución de los recursos públicos mediante efectivos y reales mecanismos directos de participación ciudadana, ha fracasado.
La participación estudiantil, de docentes y exalumnos en los órganos de poder de las universidades, los vocales de control social en las juntas directivas de las Empresas de Servicios Públicos, los usuarios de los servicios de salud en las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado, la elección de personeros y contralores por los concejos, la elección popular de alcaldes y gobernadores y la participación de sectores sociales en los consejos directivos de las corporaciones Autónomas Regionales, entre otros logros alcanzados y cumplidos, no han servido para nada.
O mejor, sí han servido para que se redistribuyan las coimas y burocracia, se socialice la repartición amañada de contratos, se ponga alta tarifa al voto por un contralor o personero y en el exclusivo caso de los alcaldes y gobernadores, se hayan creado numerosos carteles de la contratación que en época preelectoral, como aves cuaresmeras, visitan los candidatos más opcionados en municipios y departamentos para dar financiación a cambio de futuros contratos o decisiones administrativas que los favorezcan.
Entonces es cuando los candidatos se dejan capturar por el dinero fácil, que lo ven necesario para llegar al poder, y deben responder una vez elegidos a sus captores comprometiendo la contratación, la burocracia y las políticas públicas.
Para no hablar de cifras, basta que un desprevenido ciudadano le eche un vistazo a los medios de comunicación nacionales y regionales para percibir cómo a diario las noticias develan investigaciones y condenas penales, disciplinarias y fiscales contra estos servidores públicos.
Es decir, si antes nos quejábamos del excesivo centralismo que hacía nugatoria la llegada de recursos a veredas, corregimientos y municipios en procura de dar solución a sus necesidades, ahora el escenario nos muestra una situación similar generada por la creación de abundantes carteles municipales y departamentales que mediante la contratación se apoderan de gran parte de estos recursos, sin que los mismos problemas sean totalmente erradicados.
Esto, sin mencionar la crisis social que la lucha por el poder ha producido en municipios y departamentos, que desemboca en la generación de una violencia catalogada como política, pero que solo responde a la disputa por el manejo presupuestal y contractual de los entes territoriales.
Una lucha en la que las bacrim, el paramilitarimo y la guerrilla han cumplido también un papel decisiorio e importante.
@jiramirezsuarez
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