El 18 de enero de 2003, el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima estaba totalmente lleno de asistentes a uno más de los habituales Consejos Comunitarios que realizaba el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Dos temas importantes estaban en la agenda: el visto bueno del Gobierno Nacional para realizar la venta de la Electrificadora del Tolima, como se viabilizó, y los informes que presentarían las autoridades sobre los numerosos crímenes cometidos en los últimos seis meses y las amenazas continuas contra líderes ciudadanos y comunitarios, conforme lo denunciaba la Red de Veedurías Ciudadanas, Revisar.
El clima político y social era bastante agitado, por las reiteradas advertencias públicas que hacían el gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo y el líder sindical Pedro Varón, sobre la presencia de grupos paramilitares en el Tolima y su complicidad con sectores de la clase política, la Fuerza Pública y el narcotráfico.
Una coalición política que integraban los senadores Carlos García Orjuela, Mauricio Jaramillo Martínez y Luís Humberto Gómez Gallo, se repartía el poder municipal. Willian Vélez y su empresa Interaseo del Sur S.A. se había apoderado del manejo de los residuos sólidos en la ciudad. La Administración Municipal dirigida por Jorge Tulio Rodríguez conformó un sólido equipo jurídico para afrontar las demandas y tratar de blindarse de cualquier actuación que pudiera comprometerlo a él o a su equipo de gobierno, integrada por los abogados Orlando Arciniegas Lagos, Wilson Leal Echeverry, Germán Barberi Perdomo, Ciro Ernesto Sabogal y Carlos Eduard Osorio. Éste último encargado en principio de la Oficina Jurídica del Municipio y después de la Secretaría de Gobierno.
El Concejo Municipal era direccionado desde el ejecutivo y avalaba sus actuaciones con una sobrada mayoría de 16 concejales. Los medios de comunicación escritos de la época - Tolima 7 Días y El Nuevo Día - se enfrentaban editorialmente por la apología que hacía el bisemanario a la Administración Rodríguez Díaz y la soportada oposición del diario tolimense.
Ibagué hervía política y socialmente. Las denuncias contra la Administración Municipal trascendían y tocaban la familia del Alcalde, por los beneficios y negocios de su padre Mario Rodríguez Padilla y su hermano Mario Rodríguez Díaz.
El vicepresidente de la Red de Veedurías Revisar, Félix Eduardo Martínez, presentía que su vida corría peligro y así lo informó en carta dirigida al ministro de Gobierno Armando Estrada Villa, indicando quiénes podrían ser los responsables. Irania Hernández, Presidente de Revisar hizo público en el Consejo Comunitario este temor y las amenazas realizadas en su contra. Todo fue vano. Al otro día, 19 de enero, en horas de la noche, frente al Conjunto Residencial El Prado de Ibagué, Félix Eduardo fue asesinado con un arma de fuego, antes de descender de un taxi.
La investigación por el crimen, se convirtió en un viacrucis judicial y cuando el fiscal 23 de Bogotá, Juan Pablo Pachón Cely, logró enderezarla y profirió decisiones de fondo, fue rele-vado y meses después despedido de la institución por el Fiscal General Mario Iguarán. Al poco tiempo, revocaron las medidas de aseguramiento proferidas y ordenaron el archivo del proceso.
@jiramirezsuarez
Comentarios