Otra vez las CAR

Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Aunque las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) existen desde el año 1954 cuando se creó la del Valle del Cauca como pionera nacional, fue mediante la constitución de 1991 y la ley 99 de 1993 que obtuvieron la cobertura nacional y la autonomía presupuestal, financiera y administrativa de que hoy gozan.

La participación a sectores sociales y gremiales dentro de su estructura de poder, generó inmensas expectativas respecto a la independencia y distancia que guardarían con los sectores politiqueros y mafiosos regionales, que ya se gestaban en el país. Sin embargo, como ha ocurrido con la elección popular de alcaldes y gobernadores, la designación de personeros y contralores municipales y la asignación de la contratación pública estatal, éstos terminaron apoderándose de ellas y sometiéndolas a su descarado, dañino y criminal usufructo.

No ha habido candidato presidencial que no prometa reformarlas. Sin embargo, más que una reforma estructural o echar reversa hacia el proceso descentralizador y autonómico logrado, se busca centralizar en el Ministerio del Medio Ambiente decisiones que hoy las CAR tienen a su cargo, para darle vía libre a políticas públicas que propenden por hacer más efectivo el extractivismo, como política económica nacional.

Álvaro Uribe en su campaña presidencial del 2002, prometió eliminarlas. En su momento, las calificó como “corruptas, politizadas, clientelistas, ineficaces e ineficientes”. Adjetivos muy merecidos y conformes a una innegable realidad casi generalizada. Sin embargo, su intención trascendía más allá, la que se malogró por la presión ejercida por los caciques regionales que en gavilla terminaron obligándolo a retirar el proyecto de ley que pretendía reestructurarlas y que presentó como presidente en su primer año de gobierno. Su aspiración reeleccionista, consolidada en su segundo mandato (2006 – 2010) pudo más que sus compromisos con las grandes empresas mineras y la reforma terminó en el olvido.

A Juan Manuel Santos le ocurrió algo similar. En la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso antes de concluir su primer mandato (20 de julio de 2014), anunció la reforma de las CAR y del Sistema Nacional Ambiental (Sina). A tiempo, Jorge Enrique Robledo advirtió la maligna intención del ya reelecto presidente, de querer capar las CAR para entregarle esas funciones al Minambiente, y favorecer el extractivismo internacional.

Si algo está claro, es que el gran problema de las CAR no es su estructura de poder ni su misión funcional. Es la captación que de ellas han hecho la politiquería y la mafia regional. Cortolima es el más claro ejemplo. Una entidad cooptada por los caciques regionales, que la utilizan para emplear su clientela, darles contratos a familiares y amigos y saquear sus recursos en provecho y beneficio propio.

Razón le asiste en el diagnóstico al Procurador Fernando Carrillo, designando una comisión de alto nivel para investigarlas. Pero a Cortolima no la tocará.

Comentarios