Si bien el gobierno Santos acierta al desempolvar reformas clave de tipo agrario y social, que apuntan a resolver problemas que aún persisten en nuestra sociedad y que décadas atrás dieron origen a la violencia que hoy padecemos; en el corazón de la polémica está la equivocada insistencia en una salida negociada con una guerrilla que aún no ha dado muestras inequívocas de su voluntad de paz.

Aunque dentro de las opciones posibles para acabar el conflicto armado la derrota definitiva de las Farc por la vía militar es, desde el punto de vista económico y social, la más costosa de todas, de momento es la única que se puede poner en práctica.

No se debe menospreciar la posición favorable en la que la fuerza pública tiene al Estado. Para que no acabemos con otra silla vacía como la del Caguán, se requiere manejar el asunto con menos generosidad.

Una salida negociada requiere que ambas partes demuestren la voluntad política de llegar a un acuerdo, y por el momento la guerrilla hace muy poco en este sentido.

El anuncio de las Farc de ponerle fin a todo tipo de secuestro fue un gesto importante de la organización, pero su alcance real ha quedado opacado por los acontecimientos recientes.

No es claro aún quién cometió el atentado contra Fernando Londoño, pero todo parece indicar que la insurgencia pensaba por lo menos perpetrar un atentado terrorista en un lugar público de la capital el mismo día.

El hecho de que las autoridades hayan evitado que la bomba estallara y que perdieran la vida civiles inocentes no hace al proceder de la guerrilla menos repudiable.       

Para que una negociación de paz sea una posibilidad real, las Farc, entre otras cosas, deben dejar de cometer atentados contra la población civil y sus detractores políticos.        

Mientras la guerrilla persista en esta nueva estrategia de ataques terroristas, al presidente Santos no le queda otra alternativa que guardar la llave de la paz para no generarle a la sociedad colombiana falsas expectativas.