Irrespeto a la justicia

Uno de los pilares fundamentales del estado democrático de derecho es la judicatura; quien se precie de defender la democracia, debe respetarla tanto como a los funcionarios que la encarnan, no solo actuando en forma tal que no se ponga en peligro su integridad física, sino acatando sus pronunciamientos.

Cuando un ministro de justicia descalifica públicamente una sentencia, abandona el lugar que le corresponde y se inmiscuye en un ámbito que no le pertenece: el de la calificación jurídica de las conductas. Esa es la esencia de la separación que debe existir entre las ramas del poder público. Pero además, con esa actitud envía un peligroso mensaje negativo a la sociedad; con su ejemplo muestra que el único camino para controvertir la validez de esos fallos no son los tribunales, como debe serlo en un estado de derecho, sino también la censura pública. ¿Qué autoridad tiene un gobierno para exigir a sus ciudadanos que respeten las decisiones judiciales si de cara a ellos desautoriza las que no comparte? Veo difícil que un ministro de justicia que deslegitima en los medios el trabajo de los jueces, pueda ser el interlocutor que necesitan en el ejecutivo.

No menos censurable es el gesto del presidente Santos al excusarse con las fuerzas militares y el expresidente Betancur por el fallo judicial; qué pronto olvidó sus sentidas palabras en la sede de la Corte Suprema de Justicia al cumplirse 25 años del holocausto, cuando prometió ante los familiares de los desaparecidos que se juzgaría y sancionaría a los responsables de esos delitos. No dijo entonces que la validez de esas investigaciones judiciales dependería del aval que les diera el ejecutivo; por el contrario, sus afirmaciones hacían pensar que respetaba la autonomía e independencia de la rama judicial.


Desconcertantes son también algunas aseveraciones editoriales con las que se deforma la realidad al señalar, por ejemplo, que se está exigiendo “al Ejército que haga un acto de contrición pública por una toma de inspiración guerrillera”, atribuyendo a los magistrados el deseo de humillar a los militares. La manifestación de arrepentimiento que indica la sentencia no es por la toma guerrillera, cuyo responsable fue el M-19. Es por los excesos que se cometieron por parte de algunos miembros (no de la totalidad) de la fuerza pública en desarrollo de los operativos para recuperar el edificio de la Corte.


No deja de resultar curioso que mientras desde el gobierno y los editoriales se lanzan frases desobligantes hacia los magistrados que confirmaron en segunda instancia la sentencia contra el coronel Plazas Vega, el propio expresidente Betancur haya reaccionado frente a la posibilidad de ser investigado por la Corte Penal Internacional como se esperaría de todo individuo respetuoso de las instituciones. Reafirmó su voluntad de acatar las decisiones judiciales y reiteró su disposición a atender los requerimientos de las autoridades competentes. Lo hace a sabiendas de que ante ellos puede exponer sus opiniones y siendo consciente de que al final de una investigación puede resultar absuelto o condenado, como cualquier otro ciudadano. Cosas de la democracia, maestro.


(*) Esta columna se publicó en el diario El Espectador, y con autorización de su director, Fidel Cano, se reproduce en EL NUEVO DÍA. El autor es abogado e hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Alfonso Reyes Echandía, que murió en la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Credito
YESID REYES ALVARADO (*)

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