La “gran reforma” a la justicia

Algunos han criticado el acto legislativo de equilibrio de poderes con el argumento de que no es la “gran reforma” que la justicia necesita, ya que siguen pendientes de solución muchas de sus falencias. Sea lo primero aclarar que lo que se pretendía con esa iniciativa era corregir algunos aspectos puntuales del sistema judicial que necesariamente requerían modificar la Constitución, como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, el juzgamiento de aforados, o la designación de altos cargos de la Rama Judicial.

Otro importante problema actual es la desconfianza de la comunidad hacia una administración de justicia a la que percibe como lejana, de difícil acceso y muy lenta. Por eso el Gobierno está trabajando en acercarla al ciudadano, para facilitar la interacción de las personas con las distintas instituciones que pueden ayudarle a solucionar sus desaveniencias. En el primer mandato del presidente Santos se expidieron nuevos códigos como el de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el General del Proceso, que harán más ágiles los juicios. En este segundo período se aprobó una ley que destina recursos adicionales para la Rama Judicial en una cuantía aproximada de 500 mil millones de pesos anuales, que se emplearán prioritariamente en la puesta en marcha de los nuevos modelos procesales.

En marzo de 2015 se puso en funcionamiento una página web (legalapp.gov.co), a través de la cual se puede solicitar y obtener, en un lenguaje sencillo, orientación sobre 100 temas que tienen que ver con trámites o conflictos relacionados con la justicia, y acceder a un listado de nombres, direcciones y horarios de 20 mil instituciones del sistema judicial. Pese al poco tiempo que lleva operando, esta página web recibe 30 mil visitas mensuales, entre las que destacan las relacionadas con contratos de arriendo, cobro de deudas y cuotas alimentarias para menores de edad.

El mes pasado se expidió un decreto que permite a las personas transgénero cambiar el sexo que figura en su registro civil, a través de una escritura pública y no mediante el adelantamiento de un largo proceso judicial como hasta ahora ocurría. Acaba de entrar en vigencia una ley que pone límites máximos a la detención preventiva, para evitar que las personas pasen hasta nueve años en prisión, como hoy ocurre, sin que les digan si son inocentes o culpables.

Desde 2010 a la fecha se han incorporado 39 casas de justicia al Programa Nacional, lo que equivale al 38 por ciento de todas las que se han creado en el país desde cuando hace 20 años surgió el modelo. Concentrar en un solo inmueble las distintas instituciones que a nivel local y nacional tienen que ver con la administración de justicia, es una manera eficiente de acercarla a la gente. Estamos trabajando para garantizar que en todas ellas haya presencia efectiva de esas entidades y para mejorar la coordinación entre ellas.

En la legislatura que inicia este mes, el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de Ley para establecer un procedimiento ágil para el juzgamiento de delitos de menor lesividad, pero de frecuente ocurrencia en nuestro medio.

La suma de todas estas iniciativas y de otras que por espacio no se alcanzan a explicar detalladamente aquí, como la incorporación de más tecnología, el fortalecimiento de las comisarías de familia o el recién aprobado Conpes sobre política penitenciaria, constituyen una gran reforma a la administración de justicia que nos permitirá acercarla al ciudadano y, de esa manera, recuperar la confianza que se ha venido perdiendo en ella.

(*) Esta columna fue publicada por El Espectador

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